Southern Cross Group es el nuevo dueño del 51% de las acciones de las ex empresas sanitarias ESSEL, ESSBÍO y Aguas Nuevo Sur – Maule, tras cerrar una negociación de más de US$ 300 millones y que demoró en cristalizarse casi un año.
Lo anterior significa que la empresa sanitaria que ahora estará bajo el alero de este conglomerado económico, será la encargada de cumplir con las obligaciones y planes de desarrollo estancados y donde el tema del alcantarillado integral y solución de las aguas servidas con una Planta de Tratamiento dependen de una nueva administración, que esperamos -más le vale- se preocupe de ello con una real y completa solución de nuestra comuna balneario de Pichilemu.
No obstante, la responsabilidad del Estado -dueña del 49% de las acciones de las sanitarias del país, a través de CORFO- sigue igual a través de las autoridades políticas, que en el último tiempo han permanecido “en las sombras”, aun cuando mensualmente los ejecutivos que pertenecen a sus directorios reciben religiosamente suculentos sueldos.
Como se recordará los dueños del 51% de las sanitarias indicadas eran parte del consorcio inglés – alemán, Thames Water y RWE, respectivamente. Las que en el curso del 2004 y 2005 se hicieron acreedoras de multas millonarias -aunque no se sabe a ciencia cierta si finalmente las pagan y dónde- aplicadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Lo señalamos con incredulidad, pues no son las únicas empresas que -coincidencia o no- tienen a ex empleados trabajando dentro del organismo contralor como lo es la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Y sabemos de casos de cómo actúan los organismos que se convierten en “caballitos de Troya”.
Aunque la CORFO -con su 49%- tiene el poder para poner en el tapete condiciones y restricciones para que las cosas se hagan “como corresponde” y no sean lesionados los intereses del Estado, no es menos cierto que -cuando ocurren “condoros” al interior de este organismo- a los ejecutivos no les aplican ni “childritos”. Pueden irse, pero estos ex ejecutivos reaparecen , al cabo de un tiempo, encumbrados en otros puestos y cargos.
Esperamos, por Pichilemu, que finalmente este nuevo conglomerado asuma sus obligaciones y las cumpla con proyectos de estos tiempos -con tecnología de última generación- y no con soluciones de países del tercer mundo, que ya están, desde hace muchos años, reemplazadas en países europeos y reemplazándose en otros.
De qué vale entonces que el país esté en tan franco crecimiento económico, con tasas del 6%, con un precio del cobre que día a día lo supera. Y, paralelamente, se nos quiere obligar a que aceptemos “soluciones” que ya se quedaron en el pasado.
Lo anterior significa que la empresa sanitaria que ahora estará bajo el alero de este conglomerado económico, será la encargada de cumplir con las obligaciones y planes de desarrollo estancados y donde el tema del alcantarillado integral y solución de las aguas servidas con una Planta de Tratamiento dependen de una nueva administración, que esperamos -más le vale- se preocupe de ello con una real y completa solución de nuestra comuna balneario de Pichilemu.
No obstante, la responsabilidad del Estado -dueña del 49% de las acciones de las sanitarias del país, a través de CORFO- sigue igual a través de las autoridades políticas, que en el último tiempo han permanecido “en las sombras”, aun cuando mensualmente los ejecutivos que pertenecen a sus directorios reciben religiosamente suculentos sueldos.
Como se recordará los dueños del 51% de las sanitarias indicadas eran parte del consorcio inglés – alemán, Thames Water y RWE, respectivamente. Las que en el curso del 2004 y 2005 se hicieron acreedoras de multas millonarias -aunque no se sabe a ciencia cierta si finalmente las pagan y dónde- aplicadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Lo señalamos con incredulidad, pues no son las únicas empresas que -coincidencia o no- tienen a ex empleados trabajando dentro del organismo contralor como lo es la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Y sabemos de casos de cómo actúan los organismos que se convierten en “caballitos de Troya”.
Aunque la CORFO -con su 49%- tiene el poder para poner en el tapete condiciones y restricciones para que las cosas se hagan “como corresponde” y no sean lesionados los intereses del Estado, no es menos cierto que -cuando ocurren “condoros” al interior de este organismo- a los ejecutivos no les aplican ni “childritos”. Pueden irse, pero estos ex ejecutivos reaparecen , al cabo de un tiempo, encumbrados en otros puestos y cargos.
Esperamos, por Pichilemu, que finalmente este nuevo conglomerado asuma sus obligaciones y las cumpla con proyectos de estos tiempos -con tecnología de última generación- y no con soluciones de países del tercer mundo, que ya están, desde hace muchos años, reemplazadas en países europeos y reemplazándose en otros.
De qué vale entonces que el país esté en tan franco crecimiento económico, con tasas del 6%, con un precio del cobre que día a día lo supera. Y, paralelamente, se nos quiere obligar a que aceptemos “soluciones” que ya se quedaron en el pasado.
