NUEVAS SECUELAS DEL DENOMINADO CASO "VIDEO"

Una nueva demanda en contra del alcalde Jorge Vargas González y para todos quienes resulten responsables, fue ingresada al tribunal pichilemino en el curso de la mañana de hoy, por Asociación Ilícita, Inducción a Testimonio falso y Obstrucción a la Justicia.
La demanda corresponde a lo anunciado ayer por el abogado querellante, Manuel Yañez Díaz, en el Caso «Video», en representación de Lidia Catalán e Iván Bozo, algunos de los afectados por los «testimonios falsos».

DEMANDA
Lo anterior es una secuela más del llamado Caso «Video» en donde el alcalde Vargas está procesado y acusado por el delito de cohecho (Coima), en contra de la comerciante pichilemina Lidia Catalán. Proceso que se encuentra ya en la recta final a días de que el juez Rodolfo Moreno Osses dicte sentencia. Y donde, se presume, que lo acontecido recientemente: sentencia para los testigos falsos -presentados por la defensa del alcalde Vargas- y la prisión preventiva para el propio alcalde Jorge Vargas, tras ser formalizado el miércoles por «instigador de testimonio falso», podría incidir negativamente.
Cuarenta y cinco días de prisión preventiva determinó la Juez Ordenes Vitales, mientras dure la investigación a cargo del Fiscal del Ministerio Público de Pichilemu, Jorge Mena Ocares. Plazo que se puede «acortar» si las investigaciones son agotadas antes. Y eventualmente, ampliarse a más días si no están concluidas en el plazo y se estima prolongar los días de detención.
Sin duda un escenario que se podría haber evitado; pero los hechos dicen otra cosa.

INVESTIGACIONES
Las investigaciones -se ha indicado- que tienen por propósito determinar si efectivamente se les pagó a los testigos falsos -como ellos han señalado- como también, conocer quién fue y cuánta cantidad. Igualmente, precisar quiénes están detrás de las declaraciones juradas -que resultaron ser falsas- firmadas ante el Notario de Pichilemu, pero que fueron redactadas fuera de la Notaría, llegando «listas» en un disquette. Y obviamente dónde y quiénes participaron en su elaboración, puesto que quedó demostrado que no fueron los «declarantes» quienes las hicieron. Ellos solo se limitaron a firmar.
No se descarta que -si es que aún no han declarado- «desfilen» al Ministerio Público varios personajes, entre los cuales al menos habría un profesional abogado que ejerce en Pichilemu y que además desempeña un cargo importante.
El castillo de naipe armado con una «complejidad e imaginación» digna de Ripley, se ha desplomado ….
Todo hace suponer que los resultados -aparte de lo que ya está significando- serán demoledores y con secuelas inimaginables.
¡¡Lamentable!!

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