Barrick Gold cambió 3 veces su versión sobre los glaciares: primero dijo que no había, después reconoció su existencia pero aseguró que tenía experiencia en removerlos y, finalmente, evaluó que no eran glaciares sino masas superficiales.
Fuente: www.lanacion.cl; marzo de 2006, autora: Sara Larraín, directora del Programa Chile Sustentable.
Pascua Lama: en el filo de la navaja
La centralidad de la dimensión ambiental para los ciudadanos ha generado no sólo en Chile, sino en varios países de la región, una creciente participación en decisiones sobre uso del territorio.
La Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) de la III Región de Atacama aprobó, el 15 de febrero pasado, el Estudio de Impacto Ambiental Modificaciones del proyecto Pascua Lama, de la minera canadiense Barrick Gold, con una serie de condiciones por cumplir, entre las que cabe destacar: la prohibición de intervenir físicamente los glaciares; establecer un catastro completo de éstos y desarrollar un programa de monitoreo; la prohibición de transporte de químicos peligrosos como cianuro por el sector chileno del yacimiento; el establecimiento de pozos de bombeo, pantalla cortafuga, piscinas de acumulación y regulación, planta de drenaje y planta de tratamiento por osmosis inversa destinada a evitar la contaminación ácida del río Huasco y de sus afluentes.
Aunque la autoridad le prohibió a Barrick remover los glaciares Toro I, II y Esperanza, lo que alivia parte de la preocupación de los agricultores y ecologistas, persiste una gran inquietud por la incompatibilidad (pese a las mitigaciones de la minería de oro con los requerimientos de producción agrícola limpia que requieren los exportadores del Huasco) y la incapacidad de los gobiernos pasados de hacer cumplir las medidas de prevención y mitigación del impacto ambiental, tal como se demostró en el caso Celco-Valdivia.
La autoridad deberá controlar el efecto de las tronaduras y el polvo sobre los glaciares y también garantizar a la comunidad y los agricultores que la cantidad y calidad de las aguas no sean afectadas. Este compromiso es importante, porque en el proceso de evaluación Barrick cambió tres veces su versión sobre los glaciares -primero dijo que no había, después reconoció su existencia pero aseguró que tenía experiencia en removerlos y, finalmente, evaluó que no eran glaciares sino masas superficiales que actuaban como glaciares- lo que causa desconfianza entre las comunidades, los ecologistas y los agricultores. Cualquier contaminación del agua durante los 20 años de desarrollo del proyecto generará graves perjuicios económicos, pérdida de mercados, menos empleos y efectos ambientales, sociales y de imagen catastróficos para la economía regional.
De manera precautoria, la Corema negó expresamente a Barrick intervenir los glaciares y estableció precauciones para conservar el agua. Entonces, la pregunta es quiénes, con qué periodicidad, con qué asesoría y medios pueden garantizar que dicha precaución será implementada. Un informe de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) dice que menos de 20% de las exigencias para las aprobaciones ambientales son fiscalizadas, un escenario que se perpetuará de no haber cambios sustantivos en la fiscalización, el financiamiento y la institucionalidad ambiental.
La aprobación de Pascua Lama ofrece un escenario lleno de incertidumbre para los ciudadanos y los gremios que necesitan la calidad ambiental para continuar con su negocio. El yacimiento se encuentra todavía en el filo de la navaja en Chile y Argentina. Las apelaciones administrativas presentadas por la comunidad y el Comité de Defensa del Valle y las acciones legales iniciadas por agricultores de la Junta de Vigilancia ante los tribunales, entregan importantes oportunidades para revisar el proceso a nivel nacional, identificar debilidades de la institucionalidad ambiental y sectorial y brindan tiempo a las autoridades del nuevo Gobierno para prevenir los daños ambientales y ordenar el territorio de forma compatible con la sustentabilidad del desarrollo regional. Simultáneamente, la evaluación ambiental aún inconclusa en Argentina y la presentación de Barrick de las modificaciones aún sin evaluación, permitirán a sopesar la compatibilidad de este tipo de proyectos con sus opciones de desarrollo y la voluntad de sus poblaciones.
La centralidad de la dimensión ambiental para los ciudadanos ha generado -en Chile y varios países de la región- una creciente participación en decisiones sobre uso del territorio, de las aguas y de los recursos naturales, convirtiendo así lo que se ha llamado «la cuestión ambiental» en un asunto de soberanía popular y de gobernabilidad democrática. Es tarea de los parlamentos y los gobiernos responder a estos nuevos desafíos de equidad y democracia.
