MANIOBRAS PARA OBSTRUIR LA JUSTICIA FUERON PUESTAS EN CONOCIMIENTO DE MINISTROS DE LA CORTE DE APELA

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MANIOBRAS PARA OBSTRUIR LA JUSTICIA FUERON PUESTAS EN CONOCIMIENTO DE MINISTROS DE LA CORTE DE APELACIONES DE RANCAGUA

Una temeraria acción destinada a cambiar –de alguna manera- el curso a la Justicia, intentaron concretar testaferros, gomas y asesores de una autoridad comunal de la VI Región que está con juicios en curso y otros por venir.
En efecto, algunos viejos camaradas –versados en el “arte de engañar y mentir”- se vuelven a juntar para complotar. No esta vez para “apuñalar” al actual Intendente de la VI Región, el democratacristiano Héctor Leiva Polanco, cuando este fue candidato a Presidente de la DC en la Provincia Cardenal Caro, el año 1995, hace poco más de diez años atrás, sino para “salvar” al mismo inspirador de buenas intenciones.
En concreto, estamos informados que un reputado pichilemino –al menos con simpatías a la DC, para no ser tan enfático- se unió al menos con un ex DC (la brillante adquisición del PPD, que realizó el ex Diputado Aníbal Pérez), y que es concejal desde el 2004; para llevar a cabo una importante misión de salvataje, destinada claramente a cambiarle el curso a la Justicia en un caso en que está involucrado el alcalde DC, Jorge Vargas González.

HISTORIA
Como ya dijimos, el año 1995 se llevaron a cabo elecciones en la DC. Y en la ocasión postularon al cargo de presidente de ese partido político, en la provincia Cardenal Caro, el entonces concejal Jorge Vargas González y el a su vez militante Héctor Leiva Polanco.
Ocurre que, los partidarios del Sr. Vargas –y éste- decidieron para ganar la elección hacer un FRAUDE ELECTORAL que concretaron; pero que lamentablemente para ellos fue descubierto. Intervinieron el Diputado de entonces Juan Carlos Latorre, el Senador Nicolás Díaz, el dirigente Rafael Moreno para que se esclarecieran los hechos.
Ante ello, la dirección del partido DC resolvió realizar una investigación amplia, de tal manera que el Tribunal de Disciplina, tras haber interrogado a decenas de sus militantes concluyó quiénes, dónde, cómo y para qué, un grupo de sus dilectos camaradas se habían CONFABULADO para escamotearle votos al Sr. Héctor Leiva y, a su vez, reemplazarlos por otros en favor del Sr. Vargas.
El partido –de acuerdo a las responsabilidades establecidas- sancionó EJEMPLARMENTE a estas “ovejas descarriadas”, entre las que estaban el ex DC –ahora PPD- y el Sr. Jorge Vargas González. A este último, le dieron como castigo un AÑO y MEDIO de inhabilidad para ocupar cargos y hacer uso de sus derechos de militante.
Pero, como al año siguiente habían elecciones municipales, se le levantó el castigo para que pudiera postular nuevamente al cargo de Concejal por Pichilemu.
De esa manera, los dirigentes con “muy buen ojo y olfato” premiaron las gracias que su militante había aprendido y no se equivocaron: el Sr. Vargas salió electo.
Como es muy habiloso y tiene asesores de excelente escuela, ha sido reelecto en dos ocasiones más. Y aparte de ocuparse de algunas tareas que le asigna la Ley en su rol de alcalde, ha tenido tiempo para otras cosas, algunas no muy santas –pero que ha contado con la bendición de muchos jerarcas- que lo tienen implicado en diversas causas judiciales. Así y todo, se ha dado tiempo para urdir maniobras –que tras descubrirse- lo tienen al borde de un Juicio Oral.

LO ÚLTIMO
Pero no conforme con todos los “condoros” que han realizado, en días previos a verse su Apelación por el Caso Video en la Corte de Apelaciones, donde Jorge Vargas es el principal involucrado; entraron en acción al menos dos personas para llevar a cabo un plan destinado a interferir, de alguna manera, la apelación que finalmente se concretó –después de dos suspenciones por parte de quien apela- el martes 29 recién pasado.
En la ocasión se vió la Apelación en la Primera Sala, en tercer lugar, ante los ministros integrantes de la sala, Carlos Bañados, Miguel Vásquez y Jacqueline Nash.
Dicha apelación corresponde al fallo de primera instancia dictado en marzo pasado por el Juez de Pichilemu, Rodolfo Moreno Osses, en contra del Alcalde Jorge Vargas González en el denominado Caso Videos, por el delito de cohecho en perjuicio de la comerciante pichilemina, Lidia Catalán.
Pues bien, tal como ya hemos informado, alegó el profesional abogado Carlos Castro, por el sentenciado; y los abogados Manuel Yañez y Mauricio Ramírez por la querellante. Y, además, alegó el abogado Guillermo Niele, por el Consejo de Defensa del Estado, organismo que se hizo parte a última hora.
Una vez concluido los alegatos, el abogado Manuel Yañez hizo entrega a los Ministros de la Corte, de un documento donde se refieren los hechos que demuestran, una vez más, el modus operandi que se ha empleado –y que siguen empleándose- de una forma u otra para obstruir la justicia. No obstante, han sido tan burdas que cada una de esas acciones han sido descubiertas, dando a lugar a que algunos de los involucrados han sido sentenciados a diversas penas; mientras que otros involucrados esperan su turno.
Exactamente no estamos en condiciones de referir cómo ocurrieron los hechos; pero nuestra fuente ha indicado que dentro de poco la justicia –como la opinión pública- podrá conocer cada uno de los detalles en los que están involucrados los personajes que hemos mencionado.
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