CUMPLIMIENTO DE METAS DE GESTIÓN
– Sin embargo, Pichilemu y la Provincia Cardenal Caro adolecen de una serie de servicios que no ayudan -precisamente- a mejorar la administración de Justicia.
– Hay falencias y poco compromiso de municipios en colaborar con la creación de condiciones que mejoran el acceso a la Justicia de todos los ciudadanos.
Con motivo del Juicio Oral iniciado el sábado 5 y cuya primera etapa concluyó con la lectura del veredicto el lunes 7 -por parte del Juez Titular del Juzgado de Letras, Garantía y familia de Pichilemu, Rodolfo Moreno Osses- dejando ese mismo día a las partes para su sentencia, que dio el sábado 12, quizás -reiteramos- se produjo un hecho inédito en el país. ¿Cuál sería? También lo dijimos: la transmisión radial completa de las más de 20 horas que duraron las correspondientes etapas.
Ese hecho que, para unos pocos fue “una acción indebida” por decir lo menos, no obstante fue aplaudido por la mayoría. Ello permitió saber -más tarde- que era un hecho contemplado en la ley. Es decir, aparte de ser audiencias públicas donde cualquier ciudadano tiene el derecho a presenciar un Juicio, solo ateniéndose a requisitos mínimos de compostura, independientemente esté o no -de alguna manera- ligado al
caso o al imputado.
Es más, ello nos instó a solicitar formalmente una copia del veredicto y posteriormente, también, copia de la sentencia. Fue en ese contexto, que estando en el Tribunal en ese trámite, el Juez Rodolfo Moreno accedió a brindarnos unos minutos para conversar sobre el tema.
A NIVEL NACIONAL
Hace un par de meses leí que el Tribunal de Pichilemu había resultado a nivel nacional con una de las calificaciones más altas entre juzgados similares, ello en el marco del proceso de evaluación de las metas de gestión y control administrativo que realiza el Poder Judicial. Eso, aparte de un mérito y orgullo ¿representa un desafío para usted y el personal?
– “Efectivamente. Eso es el resultado de un trabajo bien hecho y, por supuesto, significa que debemos seguir en ese camino para dar satisfacción -aunque es imposible a todos- en la administración de justicia. Aún así, le cuento que “definitivamente nuestro Tribunal salió segundo a nivel nacional en el cumplimiento de las metas de gestión del poder Judicial, en la categoría que corresponde al Juzgado de Pichilemu, lo que -imagínese- es un tremendo orgullo y satisfacción no solo para mí, sino para el personal”.
– “Es más -agregó el Juez Moreno- estamos en un plan piloto para Juzgados con competencia común o mixta, tendiente a modernizar en definitiva los más de 100 Juzgados similares al nuestro, lo cual elevará los estándares de calidad, oportunidad y transparencia”.
– ¿Sr. Magistrado, y de qué forma se manifiesta o los habitantes pueden percibir de alguna manera estos logros?
– “Cuando la justicia es correcta, oportuna, transparente y cumple los actuales estándares exigibles de actuación, la comunidad puede vivir, trabajar y producir tranquila, sabiendo que si bien no se trata de algo perfecto ni tampoco que ello asegure que todo el mundo cumpla con las leyes, pero al menos se pueden sentir tranquilos de que si hay un hecho ilegal, se puede aspirar a hacer Justicia. Y yo quiero
contribuir a eso con mi quehacer. Es mi obligación”.
– ¿Podría considerarse dentro de estas acciones, esa disposición de dar las facilidades a todos los medios de comunicación, para poder informar plenamente de los hechos de connotación pública, como de hecho fue el Juicio Oral realizado a la primera autoridad comunal?.
– “Precisamente, pues esa difusión hecha ayuda. Y yo diría que es vital para la Reforma Procesal penal y en general para la administración de Justicia. El que haya la máxima transparencia posible, permite a cualquier persona enterarse de los juicios que estimen convenientes sin limitación ni intermediación alguna. Ello ahorra malos entendidos, comentarios infundados, creencias erróneas, permite aprender de los juicios, y especialmente muestra y legitima ante la comunidad el actuar de cada Juez y su Juzgado con las
resoluciones que se adopten, cualquiera que sea su contenido”.
– Yo entiendo que con mayor tecnología, modernización y aplicación en los deberes para cumplir con la gestión puede traducirse en una mejor Justicia; pero ¿depende solo de esos factores?
“Le agradezco la consulta, ya que eso me permite señalar que si bien eso ayuda mucho; lamentablemente dependemos de varios factores más y eso no lo manejamos nosotros, pues aún cuando se complete una mayor o menor modernización en nuestro Tribunal, sucede que el Juzgado de Pichilemu, por sí solo no podrá elevar la calidad de su gestión y su eficiencia, si no ocurre que a la par eleven también la calidad de la gestión los organismos que tienen que ver con el tema, los llamados
auxiliares de la Justicia”.
¿Y cuáles serían ellos?
– “Se trata principalmente de Gendarmería, Fiscalía o Ministerio Público, Defensoría, Inspección del Trabajo, Registro Civil, Sernapesca, Hospitales, Servicio Médico Legal, Servicio Nacional de Menores, Hogares de Menores, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Corporación de Asistencia Judicial….. Es más, acá, en esta Provincia, simplemente no existen Unidades -mínimas o de apoyo básico siquiera- del Servicio Nacional de Menores, ni de Gendarmería, ni de de la Policía de Investigaciones, ni tampoco del Servicio Médico Legal. No existen. Y eso -a mi juicio- es gravísimo”, recalcó.
– ¿Y eso de qué manera afecta a que haya o no mejor aplicación de Justicia?
– “Mire, para graficarlo, un ejemplo: un condenado a reclusión nocturna por un delito menor, (manejo en estado de ebriedad) vecino de Bucalemu, de Navidad o de Pichilemu, debe ir a dormir a Santa Cruz todas las noches, por dos meses y hasta uno o dos años, entre las 22 horas hasta las 06 horas del día siguiente. ¿Cuánto le cuesta eso?. Casi tanto o más de un sueldo mínimo. ¿Cuánto tiempo demora el traslado, considerando que los medios de movilización son escasos?.
Dos a cuatro horas diariamente. ¿En qué tiempo trabaja y se dedica a su familia? No puede lo uno o lo otro. Para muchos, en realidad para la gran mayoría, les es absolutamente imposible cumplir estas condenas, aunque quieran hacerlo. Ni hablar de rehabilitación”.
Acto seguido, el Juez Moreno, añadió: “No hay centros de atención de menores en situación irregular o menores en conflicto con la Justicia. Hay que mandarlos a Santa Cruz, San Fernando y principalmente a Rancagua. Estos menores generalmente provienen de hogares mal constituidos y pobres. No pueden ir a esas ciudades por falta de recursos y en todo caso es muchas veces es peor que vayan, ya que allá toman contacto con otros menores mucho más adelantados en cometer
delitos. Y regresan….. corregidos y aumentados en sus conflictos con la comunidad, con sus familias y con la justicia. Ni hablar de rehabilitación o resocialización”.
“Por otra parte -continuó- no hay una dependencia, por pequeña que sea, para habilitar un destacamento de la Policía de Investigaciones. Sólo vienen unos pocos en el verano, y más encima los rotan semanalmente, pero así no pueden investigar nada de nada. Sólo controlan mínimamente identidades de sospechosos”.
Con lo que usted nos está informando, uno podría decir o hacerse la pregunta ¿si hay una reforma en marcha y faltan todos estos elementos para una óptima Justicia, a qué tipo de Justicia puede aspirar un ciudadano modesto, de escasos recursos, que -se supone- ante la ley tiene los mismos derechos que otro que si cuenta con recursos?
– “Lamentablemente no se dan las condiciones para que eso sea así, pues el acceso a la justicia norm
almente es un problema ligado a las personas con menos recursos. La gente con medios, simplemente contrata un abogado particular. En cambio, los pobres deben recurrir a la Corporación de Asistencia Judicial, que en esta Provincia (seis comunas) cuenta con sólo un lugar de funcionamiento, a una cuadra del
Juzgado de Pichilemu, y tiene únicamente dos abogados para atender a TODAS las comunas de la Provincia, (Paredones, Marchihue, Litueche, La Estrella, Navidad y Pichilemu) y que tienen o pueden tener juicios en los Juzgados de Pichilemu, Litueche y Peralillo”.
– Pero hasta hace algunos años ni siquiera había una Oficina para atender …
“Le voy a dar otro ejemplo, donde se puede comprender que es
absolutamente imposible que eso se logre. Veamos: una persona que vive en Navidad y que tiene un juicio en Litueche, debe primero venir varias veces a Pichilemu por asistencia jurídica, para luego concurrir al Tribunal de Litueche en otras tantas oportunidades. Lo mismo pasa con un ciudadano de Paredones, que debe trasladarse a Pichilemu (vía Santa Cruz) y posteriormente al Juzgado de Peralillo. ¿Cuánto tiempo y
dinero les cuesta a esas personas ir en busca de atención jurídica supuestamente gratuita?”.
“Las distancias, el costo del transporte y los pocos abogados que hay para tres Juzgados y seis comunas incluidos sus poblados rurales, hacen que sea absolutamente imposible que los pobres tengan un efectivo y mínimo acceso a la justicia. Es más, acaban de reducir un tercer abogado que había en la Corporación de Pichilemu. ¿Porqué? Porque eran pocas las causas que atienden. ¿Y porqué son pocas? Porque la gente pobre no tiene los medios para venir desde tan lejos. Es una rueda negativa que se alimenta sola”.
¿Entonces se podría concluir que queda mucho aún por mejorar el acceso a la Justicia …?
“De partida se necesita un consultorio de la Corporación de Asistencia Judicial por cada comuna o al menos un Consultorio por cada uno de los tres tribunales. Un abogado en cada Consultorio, contratado al menos por media jornada. Hay que agregar una Secretaria y un Asistente Social. No es tan caro. Eso se financia con fondos del Ministerio de Justicia y con fondos municipales, pero yo sé que ninguna de las comunas de la Provincia, está aportando los recursos necesarios y comprometidos formalmente para eso. Hay convenios firmados que no se cumplen”.
¿Usted me está diciendo que los municipios de la provincia han firmado convenios donde han comprometido recursos para solventar servicios a la población y no los están cumpliendo”.
– “Le voy a contestar de esta manera. Este es un tema sumamente urgente y gravísimo, ya que es un verdadero estado de denegación de justicia para personas que tienen los mismos derechos de pedir justicia en cada uno de sus casos, al ser ciudadanos o habitantes de este país. Por otra parte, los jueces y los funcionarios judiciales no podemos sustituir a los abogados y transformarnos en abogados de las partes. Estos son grandes temas que deben tratarse y resolverse por la comunidad y por los actores sociales cuanto antes. No hay nada peor que la sensación de injusticia en una o más personas”.
De alguna manera esta situación -poco conocida hasta ahora- me lleva a pensar que las autoridades de las respectivas comunas -cosa que debe pasar en otras provincias y regiones- no invierten o muy poco en generar mínimas condiciones de acceso a la Justicia. Siendo una realidad, ¿a qué situaciones está expuesta la población?
– “Todo esto es una fuente de marginación, segregación, frustraciones, rabia, impotencia, etc. que llevan a un ánimo de lograr justicia por mano propia y eso hay que evitarlo, ya que un Estado de Derecho en desarrollo y en paz, requiere que las personas tengan por costumbre recurrir a personas y organismos imparciales que resuelvan sus conflictos, pero para eso hay que facilitar el acceso a los que tienen menos o ninguna fortuna”.
– Sr. Magistrado, para concluir esta entrevista -la que agradezco por su deferencia y disposición- ¿qué reflexión o comentario desea manifestar?
– “La prevención en Justicia, al igual que en la Salud, siempre es más eficiente, mucho más barata y más duradera que la curación. Pero en esta Provincia no hay los suficientes organismos auxiliares de la Justicia y algunos de los que hay, son absolutamente insuficientes”.
– Bien Sr. Magistrado, no quiero abusar más de su tiempo y dejo abierta la posibilidad -en la medida que tenga acceso a la información- de publicar las audiencias de las distintas secciones del Tribunal, para conocimiento e información de los ciberlectores.
