Hemos recibido copia de la nueva nota que envía el abogado Ricardo Ramírez, expresándole su preocupación por el retardo del pronunciamiento de los Ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema, en relación al Fallo que quedó en acuerdo, sobre el recurso de Casación que interpusiera el alcalde Vargas (DC) en el juicio por Cohecho en donde está condenado en primera y segunda instancia.
De los alegatos ya se va a cumplir casi dos meses; en tanto en el transcurso de esta espera, el Sr. Jorge Vargas González -uno de los más dilectos miembros de su Partido- ha vuelto a ser condenado en un Juicio Oral, en Pichilemu, recientemente.
Pero volvió a usar a la Corte Suprema, esta vez presentando un Recurso de Nulidad, el último día en que expiraba el plazo para hacerlo, a eso de las 22.15 minutos en el domicilio del secretario del Tribunal de Pichilemu, según se dio a conocer.
Dicho sea de paso, hay que adelantar que el alcalde (S), Gustavo Parraguez Galarce, se vio en la obligación de instruir una Investigación Sumaria y/o Sumario Administrativo, para establecer en qué circunstancias el auto municipal -que usa regularmente el Alcalde titular- «se pasó» a Santiago, tras dejar al Jefe del DAEM -Hipólito Solano Rubio- en Rancagua.
Según se ha conocido, el auto estaba autorizado para ir a Rancagua y devolverse a Pichilemu, pero el Alcalde titular que estaba «de vacaciones o con días administrativos» (porque habrá de saberse que a pesar de todo sigue ejerciciendo como tal), habría dado instrucciones al chofer para que le hiciera «unas diligencias» en Santiago.
Todo ello, que hasta el momento no se ha precisado con exactitud, deberá quedar establecido en la investigación -que ojala no resulte «trucha»- y todo quede marchando (o bailando, mejor dicho) al son del Alcalde Vargas.
¿Qué tiene que ver una cosa con otra?, se preguntarán los ciberlectores.
Algo tiene que ver. Estamos informándonos para contarle más pronto que tarde, la versión lo más ajustada a los hechos.
Ahí podrán concluir cómo se hacen las cosas en Pichilemu.
Es muy probable que se conozca -o más adelante- que el auto del Alcalde es más «chupador de bencina» que ningún otro modelo -del mismo año, modelo y marca- como también cuántos autos y/o vehículos eléctricos hay en Pichilemu (ya que ven una Estación de Servicio y se asustan). Pese a ello, usan combustible …., aunque ustedes no lo crean.
Leamos -por ahora- la nueva cartita del abogado Ramírez:
Asunto: Retardo en la resolucion de los fallos de la Corte Suprema en caso de corrupción
Señores Honorables:
Tengo 33 años, soy Abogado y Surfista de Pichilemu. Inicié hace más de 4 años una acción criminal contra el Alcalde de Pichilemu por Corrupción. (Cohecho). El mentado Alcalde fue condenado en primera Instancia, ratificada la sentencia por unanimidad de los Ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua y alegué la causa el 27 de marzo de este año ante la Segunda Sala de la Corte Suprema. La causa POR COHECHO aun sigue en estado acuerdo, despues de casi 2 meses. La semana pasada el mismo Alcalde corrupto fue condenado por presentar testigos falsos en el juicio por cohecho, gracias a la eficiente labor de la Fiscalía Local de Pichilemu, en especial, su Fiscal Jefe Don Jorge Mena Ocares, sin embargo, su defensa dedujo nulidad, razón por la cual, ambas sentencias aun no se encuentran ejecutoriadas. El Alcalde de Pichilemu, HOY CONDENADO en 2 oportunidades, AUN SIGUE EN EJERCICIO POR UN INTOLERABLE VACIO LEGAL Y POR UNA JUSTICIA SUPREMA QUE SE HA TARDADO EN DEMASIA. Pichilemu se encuentra en esta inaceptable situación con un Alcalde corrupto que tiene un impactante equipo de abogados (más de una docena). Inicie en forma gratuita y personal la causa por cohecho, sin que ninguna autoridad política dé relevancia a esta situación inaceptable y con vacios legales y dilaciones procesales que me confrontan con un Chile políticamente BANANERO Y MEDIOCRE. Ustedes desconocen el DAÑO PATRIMONIAL, TURÍSTICO, AMBIENTAL Y ECONÓMICO QUE SE LE HA HECHO A NUESTRA COMUNA POR CULPA DE LA CORRUPCIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD COMUNAL y lamentablemente para él, muchas personas políticamente transversales, amamos nuestra Comuna y nuestro país, pero, a estas alturas, nada más podemos hacer.
¿Existe la posibilidad de redactar un proyecto de ley que impida a funcionarios públicos condenados por delitos con penas corporales estar en ejercicio en el cargo mientras se encuentran pendientes los recursos?. Es lo menos que les puedo pedir. Espero al menos recibir una respuesta a esta misiva.
Saluda muy atentamente,
Ricardo Mauricio Ramirez Zúñiga
