Programa Chile Sustentable dijo que “la Justicia hizo lo que las autoridades sanitarias no quisieron hacer por falta de voluntad política”. ESSAN tiene hasta fin de año para acatar la resolución.
Fuente: www.chilesustentable.net, 12 Sep 2007.
El Programa Chile Sustentable, a través de la directora de la entidad, Sara Larraín, ha declarado su “conformidad” con el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que el viernes pasado resolvió obligar a la Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta S.A. a encapsular la planta de tratamiento de aguas de Calama.
“Este es un fallo que nos deja conformes, pues la empresa ya había sido multada en 12 ocasiones por no cumplir las condiciones en que se aprobó su proyecto. Era más fácil y barato para la empresa seguir pagando multas, y por eso debimos presentar este recurso de protección”, dijo Sara Larraín.
La ecologista explicó que “esta planta fue irregularmente aprobada mediante Declaración de Impacto Ambiental (DIA), lo mismo que ahora vemos en las prospecciones mineras autorizadas en la Reserva Nacional Las Vicuñas. Cuando corresponde un completo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), la autoridad accede a visar una simple Declaración, lo que en el caso de lo sucedido en Calama no dio garantías a los vecinos de la planta, quienes han tenido que aguantar la pestilencia y la prepotencia de la empresa”.
La resolución señala que la empresa debe “confinar o encapsular efectivamente todo el proceso de tratamiento de las aguas servidas de Calama, bajo apercibimiento de no ejecutarlo dentro de un año, se encomiende dichas obras al Servicio de Salud de Antofagasta por cuenta y cargo del recurrido, debiendo embargarse bienes necesario para ello, con costas”.
Larraín expresó que “el hedor constituye un daño en la calidad de la vida de los vecinos que se ubican cerca de esta fuente, lo que representa un atentado al derecho a la vida consagrado en el N°1 del artículo 19 de la Constitución, porque es una invasión al ambiente hogareño y familiar, que no sólo genera una preocupación constante sino angustia, impotencia y repugnancia al respirar malos olores que producen desagrado, a causa del proceso defectuoso de tratamiento de aguas servidas”.
El recurso de protección, que apeló al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, fue presentado el 12 de junio pasado por un grupo de 1.103 vecinos de Calama, encabezados por el abogado Fernando Doygnac, presidente de la Fiscalía del Medio Ambiente (Fima), y la ecologista Sara Larraín.
