CORRUPCIÓN EN UN PAÍS LLAMADO CHILE

CORRUPCIÓN EN CHILE

Fuente:Temas y Noticias

Se ha anulado la conciencia ética en lo público. Estudio del Instituto Libertad concluye que en los últimos 18 años se ha llegado a la suma de $ 804.909.364.725.- de pérdida por efecto de la corrupción. Y no se reacciona frente al problema.

            La corrupción, como fenómeno, está presente en todo tipo de sociedades. Por ello es preciso distinguir para encontrar desde situaciones aisladas hasta una realidad extendida hacia los distintos ámbitos institucionales. El Banco Mundial ha encontrado correlación entre el nivel de desarrollo y el grado de corrupción social. Mientras los países en vías de desarrollo tenderían a mostrar mayores niveles de corrupción, al crecer la riqueza de las naciones crecen también los incentivos para mitigar el costo de la corrupción.

            En primer lugar, la corrupción es entendida como una falla en la gobernabilidad de los sistemas políticos (Kaufmann, 1999). Por lo tanto, su recurrencia y la falta de castigo y denuncia son también indicadores de falencias institucionales a nivel estructural. Por ello, independientemente de la extensión de la corrupción, ésta condena a la burocracia a operar bajo niveles, aunque variables, de ineficiencia.

            En síntesis, se ha demostrado que la corrupción tiene efectos sobre el desarrollo, al afectar negativamente tanto la inversión, reduce ingresos tributarios, afecta el gasto social (Wei, 1998), empeora la distribución del ingreso e impacta sobre la eficiencia de la institucionalidad política y económica (Mauro, 1995 (1) y 1997; Kaufmann, 2000). Produce desde ralentización de la actividad hasta impedir la priorización de políticas públicas, porque induce al funcionario público a ejercer la administración de los recursos públicos, como si manejara un monopolio, buscando maximizar su ingreso. El funcionario corrupto, en buenas cuentas, ofrece su servicio a un público que demanda cierto tipo de prestación (Van Klaveren, 1990(2)).  

            Por lo tanto, la literatura ha avanzado bastante en describir la asociación entre la corrupción y el crecimiento económico. Sin embargo, no contamos con evidencia suficiente para demostrar que la corrupción tenga un efecto sobre la intención de voto o la auto identificación partidaria. Al contrario, notamos que, en el contexto chileno, la corrupción no ha sido entendida como una enfermedad particular de la coalición de gobierno, lo que explicaría por qué, al aumentar la evidencia sobre una merma en los caudales públicos como efecto de la corrupción, ello no se ha traducido en un castigo electoral sobre la Concertación.

            Es posible plantear que, la baja relevancia otorgada por el público al problema de la corrupción esté asociada al nivel de desigualdad percibido en la sociedad chilena actual. En este sentido, decimos: si anotamos un incremento en las denuncias públicas sobre corrupción y la pérdida de confianza hacia las instituciones políticas es generalizada, para la opinión pública, la causa de la corrupción asociada a aspectos sistémicos, donde la oportunidad de acceder a los beneficios que aporta la falta de sujeción a las leyes es privativa de la élite económica y política.

“TRACKING” PARA LA CORRUPCIÓN EN CHILE

            A partir de la percepción de una suerte de efecto narcótico sobre la conciencia ética de los ciudadanos chilenos, hemos elaborado un seguimiento de los casos de corrupción denunciados en la prensa nacional y que pudieron tener resonancia en la opinión pública, entre 1990 y 2007. Lo denominamos “Itinerario de la Corrupción”, donde registramos un abultado monto de recursos perdidos: 804 mil millones de pesos.
            El gráfico 1 nos muestra la línea de tendencia de los montos involucrados en los casos de corrupción obtenidos en los últimos 18 años. Este indicador es consistente con el resultado señalado anteriormente y elaborado por el Banco Mundial y que indican que Chile, si bien se ubica en una buena posición en el contexto Latinoamericano, ha retrocedido en esta dimensión, en los últimos años. 

           
            Este problema, registrado en sociedades que logran asentar la libertad de expresión y las facultades fiscalizadoras de las respectivas instituciones, no ha tenido un correlato en las preocupaciones ciudadanas. En este sentido, la corrupción no aparece como un problema prioritario de la ciudadanía, a pesar de su relevancia sistémica y la magnitud real y simbólica de los montos y reparticiones públicas implicadas, comúnmente presente en los contenidos mediáticos.

LOS GOBIERNOS DE LA CONCERTACIÓN

            Los resultados de nuestra investigación permiten afirmar que durante el segundo año de Gobierno de la Presidenta Bachelet, los casos de corrupción conocidos mostraron un fuerte incremento, por cuanto pasan de 9 en 2006 a 34 en 2007. Similar suerte se registró para las denuncias, las que en relación con el año 2006, también se cuadruplicaron, al aumentar de 2 a 8.

            Los datos son aún más preocupantes si comparamos las administraciones de Lagos y Bachelet, ya que durante el actual gobierno ya hemos registrado el 90% del total de casos que su antecesor tuvo en todo su sexenio.

           
            Los 70 casos registrados este año han alzado el monto total alcanzando una suma superior a los 280 mil millones de pesos. Es decir tras 18 años de gobiernos de la Concertación la cifra de corrupción alcanza a los 804 mil millones de pesos (3). 

            Además de precisar el momento del tiempo en que registramos los distintos casos analizados, construimos la categoría del Ámbito institucional en el cual ocurren. De esta forma podemos distinguir si estos provienen o afectan al gobierno central, empresas del Estado, municipios, gobiernos regionales o Poder Legislativo.

            Como se puede observar, el gobierno central ha concentrado el mayor número y, a la vez, el más elevado monto de pérdidas por efecto de la corrupción. Esto implica que el 90% de la corrupción se concentra en el nivel del gobierno central y las empresas del Estado. En síntesis el 90% de los fondos perdidos debieron ser custodiados por autoridades seleccionadas directamente por el Presidente de la República, lo cual nos habla de una orientación hacia la corrupción acotada a un tipo de representante o miembro de coaliciones políticas específicas. 

CONCLUSIONES

            De acuerdo con lo analizado, vemos que Chile presenta una tendencia negativa en términos de la corrupción en sus instituciones, específicamente, en lo relacionado con el desvío de fondos públicos. Por un lado, los indicadores de percepción y encuestas a expertos han marcado un retroceso en los últimos años. Por el otro, el número y los montos de los casos de corrupción registrados en los últimos años advierten el deterioro en la honestidad con que se realiza la gestión pública, por cuanto el 50% de los montos registrados han sido implicados en los últimos cinco años.

            Sin embargo, nuestra primera hipótesis no puede corroborarse a partir de la evidencia aquí recabada. Planteamos que podría existir asociación entre el impacto en la opinión pública del volumen de los casos y montos de corrupción con la mención de la corrupción como uno de los problemas que aquejan al país y la identificación con coaliciones. Esta relación parece estar anulada por la percepción de que este es un flagelo poco relevante. En este sentido, queremos señalar que estamos ante una situación compleja. Dado que el número y los montos de corrupción se acrecientan y no observamos una reacción decidida a provocar los cambios institucionales debidos ni se ha transformado el tema en un ámbito de preocupación ciudadana, creemos estar ante una situación de anulación de la conciencia ética en el ámbito público. Esto implica que hemos acostumbrado a nuestro público a conocer situaciones que no son resueltas y que, ante la eventualidad de sufrir costos electorales, el inmovilismo y la falta de transparencia anulan la voluntad de reforma.

            Dado que la insistencia en este comportamiento ha provocado que la Presidenta Bachelet perdiera la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado(4) el flagelo de la corrupción en Chile ha provocado ya un impacto relevante en el sistema político. Chile estaría adoptando las características de un presidencialismo de minorías, propio del sistema político latinoamericano, lo que nos advierte el riesgo de caer en mayor inestabilidad, desafección y conflicto.

            La corrupción, como hemos visto, ha expandido su radio de acción. Sin bien, en este estudio sólo abordamos la corrupción como la apropiación de fondos públicos con fines particulares, sin considerar la corrupción privada en forma de soborno, por ejemplo, es posible argumentar que la agenda pública se ha visto sobrecargada de cuestionamientos a la élite dirigente, sin que se produzcan los cambios necesarios, sobre todo, en la actitud del gobernante, que debe exigir la responsabilidad política de los funcionarios públicos que se ven cuestionados.

            Creemos, además, que el ejercicio de visualizar la magnitud del problema nos permite encontrar luces sobre la urgencia de la reforma que debe ser implementada. Asimismo, este informe se orienta a concientizar a la sociedad civil y entrega un aporte considerable al monitoreo de la corrupción. ■■■■■

Instituto Libertad