Denuncias ahogan al balneario de los surfistas:
El “invierno cruel” que azota a Pichilemu
Los habitantes de la comuna con más alcaldes en menos de un año -cuatro- se sienten avergonzados por las irregularidades que se suceden en la alcaldía. Mientras los responsables hacen sus descargos, la fiscalía confirma que hay corrupción en los casos investigados.
María Teresa Anguita G. – El MERCURIO – Domingo 25 May 2008.
“Cuando se va el verano y llega la quietud, para los que quedamos nace Pichilemu. (…) Qué hacen allá en Pichilemu, en este invierno tan cruel, se preguntan los amigos, se preguntan por doquier”.
Así comienza una antigua canción que escuchan los pichileminos y que hoy los identifica más que nunca. Así lo siente Alfonso Aravena, concejal DC y oriundo de este pueblo de 7 mil habitantes que vive principalmente del turismo.
Lejos del movimiento del verano -cuando el balneario se repleta de surfistas- hoy se ve casi fantasmagórico. Apenas unas cuantas personas circulan por las calles tratando de protegerse de la lluvia.
Los pichileminos están tristes. En menos de un año, han tenido cuatro alcaldes, tres de los cuales han dejado sus cargos por irregularidades: Jorge Vargas (DC, el único elegido popularmente); Víctor Rojas (DC) y Marcelo Cabrera (independiente), los dos últimos nombrados por el concejo. Hoy el sillón lo ocupa la subrogante Marcia González.
Cuentan los taxistas que muchos se avergüenzan de decir dónde viven cuando van a hacer trámites a Rancagua.
“Pueblo chico, infierno grande”, dice encogiéndose de hombros un funcionario público, al explicar el inédito caso. Y aunque los concejales aseguran que son todos amigos, “la puñalada por la espalda es muy frecuente. Entre ellos se saben cosas que cuando quieren dar a conocer tienen como propósito enlodar a la autoridad de turno por algún interés político”, sostiene Gustavo Parraguez, jefe de la unidad de control interno de la municipalidad y quien denunció al último alcalde.
Marcelo Cabrera, ex presidente del Movimiento Vitalicio Augusto Pinochet, fue formalizado el 16 de mayo por fraude al fisco junto al suspendido alcalde Víctor Rojas (DC) y el actual concejal Héctor Cornejo (UDI). Se les investiga por haber adulterado boletas en el cobro de viáticos. A los tres se les prohíbe acercarse al municipio.
Postulando con chequera
“De acuerdo a los antecedentes que se tienen y a la investigación de esta fiscalía, sí hay corrupción” en Pichilemu, señala el fiscal Jorge Mena.
De hecho, Miguel González, actual funcionario municipal, explica que cada vez que se emprende un proyecto “pareciera ser que se entiende que para postular hay que venir con la chequera” en la mano. González, quien antes era el representante de la concesionaria de parquímetros, fue el que denunció al concejal Víctor Rojas (DC) por pedirle una coima para votar a favor suyo.
Tanto Víctor Rojas como Marcelo Cabrera creen que han sido víctimas de maniobras con motivaciones políticas.
Municipio en la mira
Al menos hay cinco casos de irregularidades que afectan a Pichilemu: el caso “video” o de las “bicicletas”, por el que fue condenado el ex alcalde Vargas; el caso “parquímetros”, en el cual están formalizados Víctor Rojas, Jorge Vargas y el concejal Hernán Garrido, y el reciente caso de “boletas adulteradas”.
Pero, además, hay al menos otros tres casos que investiga la fiscalía. El primero es el denominado caso Fonasa, ocurrido bajo la administración de Vargas y por el cual fue formalizada por malversación de caudales públicos la funcionaria Viviana Catalán. Ella era la encargada de vender bonos de Fonasa en el municipio y fue investigada luego de detectarse que parte del dinero recaudado (cerca de $2 millones) no había sido entregado al organismo estatal.
El fiscal Mena también pidió a la contraloría regional que investigue el arriendo de una casa por parte de la actual jefa de finanzas de la alcaldía, Fanny Rebolledo, cuyo costo ($165.000) pagaba la propia municipalidad. El propietario de la vivienda era Hipólito Solano, jefe del Departamento de Educación del municipio.
El otro hecho que indaga la fiscalía es la licitación de los servicios de cuidado, aseo y mantención de los recintos municipales. El trabajo fue adjudicado a Mario Valenzuela, esposo de la jefa de finanzas de la municipalidad. Luego que la contraloría objetara la renovación de dicho contrato, el servicio se adjudicó a Carlos Canceco, empleado de Valenzuela.
