CONTRALORÍA GENERAL, CONSEJO DE DEFENSA DE ESTADO, LA REGIÓN Y PICHILEMU
Aunque algunos personeros políticos de alto vuelo puede que estén arrepentidos de haber apoyado a Ramiro Mendoza para que fuera nominado Contralor General de la República, sin duda que la ciudadanía en general valora el “cambio” que aparentemente se está produciéndose bajo su dirección.
Por lo menos hay algunas investigaciones que se están realizando a “full time” y transparentemente dando a conocer sus resultados. Lo que no sucedía en años anteriores; pero quizás –lo más importante- es que no se ha dejado (o no ha permitido) presiones políticas para ocultar, bajarle el perfil, dilatar, etcétera, investigaciones como ha ocurrido en el pasado reciente.
Pruebas de que la Contraloría está realizando su trabajo hay varias. Al menos en el ámbito de casos más conocidos como lo fue al Ministerio de Educación donde la hoy ex Ministra Yasna Provoste obvió las recomendaciones de destitución del Seremi Italo Traverso; como también en lo que ha aparecido recientemente en el caso del municipio de Huechuraba donde también, a raíz de la investigación, el Consejo de Defensa de Estado se hará parte judicialmente. Y, como se ha anunciado, pronto habrá novedades en la investigación que se lleva adelante en el municipio de Recoleta.
Pero afloran preguntas, ¿estará investigándose con la celeridad y eficiencia en regiones?
Es muy posible que haya o existan instrucciones al respecto, desde el nivel central, pero ¿se estarán cumpliendo?
También se podría decir que ahora le están poniendo más empeño, más celo; pero igual asaltan dudas, pues en nuestra región y más específicamente en Pichilemu, sabemos a ciencia cierta que autoridades han mentido –en documentos oficiales- a la Contraloría Regional, cuando ésta les ha solicitado den respuesta sobre algunos temas que han sido denunciados.
Y cuando a la Contraloría Regional se les ha puesto al tanto de esta situación, no han hecho nada para comprobar en terreno y dilucidar los entredichos.
Hoy, desde que fuera requerida una auditoria al municipio pichilemino –por gestión de un parlamentario rancagüino- y pese a que hasta hace poco efectivamente había un equipo de fiscalizadores, es muy posible que no se agoten todas las instancias para determinar la certeza o no de una serie de irregularidades que se han ido cometiendo en el tiempo.
Es frecuente en el último tiempo –sobretodo en la política de prevenir delitos, por parte de Carabineros- alentar a la ciudadanía a denunciar cuando sepa o vea situaciones sospechosas que pueden derivar en la comisión de delitos.
Por suerte parte de la ciudadanía ha recibido el mensaje y ha actuado en ese sentido; pero ¿qué pasa cuando las autoridades que tienen entre sus facultades, o misiones, fiscalizar y no cumplen con hacer las gestiones o denuncias ante los organismos que corresponde?
Más aún, ¿qué pasa cuando ciudadanos queriendo suplir esa ausencia de coraje o complicidad de éstos, aportan información y ésta es obviada?
En estos casos, ¿quién controla a la Contraloría, al Consejo de Defensa de Estado u otras autoridades que conocen de hechos irregulares y no hacen nada?
¿Qué significa eso? ¿Dónde está la probidad funcionaria?
Lo peor de todo, es que tras hecha “la vista gorda”, o se procede a la inacción u omisión, ello da pié a que hechos catalogados en su momento “como simples faltas administrativas”, “hechos inocentes o simples acciones producto de la inexperiencia”, luego se “perfeccionan” o se repiten en el tiempo desembocando lisa y llanamente en hechos que revisten características de DELITOS.
Lo triste y, a la vez, asqueroso e indignante, es que muchos que han calificado como simples faltas administrativas o de menor importancia, siguen escalando en diversos cargos gubernamentales, otros en cargos de representación popular en el parlamento, otros son designados en cargos diplomáticos; mientras sus “acólitos y pupilos” están hoy en día enfrentando juicios ante la justicia y desentendiéndose de las acciones de sus otrora protegidos.
Para mayor desgracia, ello no solo está en el ámbito de las municipalidades, sino en otros servicios del Estado.
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
Efectivamente, hay casos aún no investigados o donde se está recién en una etapa primaria.
¿Qué sucede cuando ciudadanos –con algún grado de contacto en alguna esfera- se enteran de que se hará esto o lo otro en un futuro que puede ser a mediano o largo plazo. Y en razón de ello, sabiendo que efectivamente va a suceder tal cosa, montan “proyectos de y en el papel” para –llegado el momento- cobrar millonarias indemnizaciones, sin que realmente hayan perjudicado a “su proyecto”?.
¿O qué sucede cuando un organismo fiscal indemniza a privados, cuando no tienen derecho a NINGUNA INDEMNIZACIÓN?, porque en la práctica no los están afectando en absolutamente nada.
¿O qué ocurre cuando privados –que han Loteado- vuelven a reinscribir las áreas verdes establecidas y dejadas según la Ley General de Urbanismo y Construcción? Es más, las transfieren a terceros o venden, dejando que ese BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO no pueda ser disfrutado por los vecinos y comunidad, sea del sector o lugar que sea.
¿Qué pasa cuando otros BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO: Calles, avenidas, son cerradas por privados, se adueñan, o “las compran” con Escrituras truchas –o las obtienen tras Títulos de Dominio otorgados por un organismo del Estado- y nadie hace nada por recuperarlos?
¿Dónde están las autoridades comunales, cuando es la figura del Alcalde quien tiene que administrar y cautelar los Bienes Nacionales de Uso Público?
¿O los gobernadores que tienen facultades para defender y proteger el libre uso de los Bienes Nacionales de Uso Público y no las usan?
¿Sabrán realmente estas autoridades que tienen esas facultades y quizás, por ignorancia, no las ejercen. O, peor, las conocen, pero no les interesa ejercerlas?
¿Y ante esta desidia, qué tiene que ocurrir para que el Consejo de Defensa de Estado se involucre y defienda los intereses fiscales?
¿Acaso tiene que tener trascendencia nacional, perjudicar o beneficiar un interés político para que actúen?
DENUNCIAS
Más de algún lector se preguntará y por qué no se denuncian estos casos.
La respuesta es simple: Algunos problemas de esta índole han sido denunciados a la Contraloría Regional, al Consejo de Defensa de Estado, a autoridades regionales, pero no se ha avanzado o lisa y llanamente han argumentado razones con poco peso por no decir otra cosa.
O, en el mejor de los casos, no pasa más allá de un simple saludo a la bandera, de un interés que se acaba, tras cerrarse la puerta de quien se atreve a denunciar.
Ciertamente esta realidad no ayuda a que hechos de corrupción conocidos por la comunidad nacional se terminen. Al contrario, animan a que los corruptos y car ‘e palo sigan actuando, a que se produzcan más hechos que revisten características de fraude al fisco u otros delitos.
