VUELCO EN CASO “ENTRETENCIONES MECÁNICAS”: PRINCIPAL INVOLUCRADO SE DECLARÓ CULPABLE Y PIDIO JUICIO ABREVIADO
El funcionario municipal Claudio López Romero –miembro de la “escuelita” creada en tiempos del ex alcalde Jorge Vargas- cumplió con su palabra “de colaborar con las investigación todo lo que sea necesario” y con aquello de su confianza en que “la comunidad conocerá la verdad de los hechos”; a tal punto que hoy la opinión pública fue sorprendida con su decisión de declararse culpable en el caso en que estaba involucrado.
Junto con ello, solicitó un Juicio Abreviado que hace tan solo algunas horas concluyó en el tribunal pichilemino, condenándosele a 541 días de pena remitida, a una multa de 11 UTM, y a la firma mensual en la Cárcel de Santa Cruz.
En efecto, tras la audiencia de Control de Detención realizada en el curso de la mañana –luego de su detención por parte de la BRIDEC, en horas de la tarde ayer- y ante los cargos y eminente resolución de medidas cautelares de prisión preventiva mientras terminaba la investigación de la Fiscalía, Claudio López haciendo uso de los nuevos mecanismos de la reforma procesal penal -dando un golpe a la cátedra- se declaró culpable y pidió un juicio abreviado y al parecer a la brevedad, que tal como lo informamos tras recibir el reporte de Radio “Entre Olas” FM, concluyó hace un par de horas.
El Juez titular Rodolfo Moreno Osses atendiendo a las atenuantes de “irreprochable conducta anterior” dictaminó en su resolución condenatoria una pena de 541 días de pena remitida, al pago de una multa de 11 UTM y a la firma mensual en el penal santacruzano. Al tiempo que ordenó se oficiará de la resolución tanto a la Contraloría Regional, al Registro Civil y al municipio pichilemino donde desde los últimos años de Jorge Vargas en la alcaldía, las oficiaba de Jefe de Informaciones, de Gabinete y otras yerbas.
Según se indicó, el hecho de que la pena impuesta fuera ordenada comunicarse al Registro Civil, queda automáticamente impedido de desempeñarse –al menos durante la duración de la pena impuesta- en cargos públicos.
Como dimos a conocer en un anterior artículo esta mañana informando sobre el caso, el funcionario Claudio López aprovechándose de cierta forma de los cargos de confianza en que se desempeñaba, ofició de facilitador para que una empresaria de Entretenciones Mecánicas –que ya había sido concesionaria de un terreno municipal al interior del Bosque Municipal- tenía todo listo “oleado y sacramentado” para trabajar en el mismo lugar la presente temporada. Tan así que disponía de una copia del Decreto Municipal –con número y firma de alcalde incluido- gracias a las gestiones del otrora hombre máximo de una Iglesia Evangélica; pero lamentablemente para él (un cálculo mal hecho) se descubrió todo cuando, tras la Licitación que hizo el municipio para arrendar el terreno indicado, fue adjudicado limpiamente a una persona que ofertó “en sobre cerrado” –de acuerdo a las Bases- la cantidad de 5 millones 500 mil pesos. Y que no fue precisamente la que había pagado “por adelantado” por el mismo terreno.
Y, lógicamente, ésta a través de un representante reclamó –con documentos en mano- de la situación ante el municipio, destapándose una olla más en la víspera de la navidad recién pasada.
Por instrucciones del alcalde suplente Roberto Córdova se pusieron los antecedentes en la Fiscalía, al tiempo que se ordenó un Sumario Administrativo; trámite que –a raíz del vuelco- debería acelerarse, por cuanto ya las cosas estarían “aclaradas” y quien está instruyendo debiera estar próximamente concluyéndolo y proponiendo –en mérito de la investigación- las sanciones correspondientes.
Es evidente que en este caso, donde el único implicado se declaró culpable ante la justicia, que las sanciones “no serán puros childritos” como ha ocurrido en la mayoría de los Sumarios que se instruyen en el municipio pichilemino. O en Investigaciones Sumarias donde quien las instruye, en la mayoría de los casos, no llega a ningún puerto, y la investigación “naufraga” sin ahogados; salvándose todos.
Así ha pasado con falsificaciones de instrumentos públicos municipales, pérdidas de timbres, de cassetes con audio de Sesiones Municipales, con las investigaciones sobre la pérdida de computadores (sin culpables). Y así por el estilo; siendo estas situaciones -en su mayoría- parte de los periodos del ex alcalde Vargas; casos que en más de una ocasión informamos a la opinión pública como a otros organismos para que tomarán parte en el asunto. Por desgracia, en la mayoría de las veces solo con el apoyo de uno o dos concejales –entre ellos el ex concejal Mariano Polanco (Q.E.P.D.)- mientras los demás “no se mojaban el potito”.
Este caso es, también, una secuela de esa “vista gorda, magnánima” hacia los primeros visos de irregularidades en el municipio; pero para ellos (concejales, como también algunos gobernadores como Rolando Cárdenas Ibarra), simples errores, producto de la inexperiencia. Bla, bla, bla, bla.
VOCES DEL OLIMPO
La repentina decisión del único implicado en el caso, al menos el único visible –acaso iluminado por los dioses del Olimpo, o por los sabios consejeros de quienes tienen experiencia en las instancias judiciales- no hace otra cosa que pensar de los “movimientos” y llamadas telefónicas ocurridas en las últimas horas y días ante la inminente acción de la justicia.
Es por estas mismas aprehensiones que surge la pregunta, ¿qué pasa con las investigaciones que estaban en marcha? ¿Se cierra completamente el caso ante la responsabilidad asumida por una persona que horas antes “estaba profundamente afectado por la situación”, donde –según él- había sido involucrado por un amigo de años, que casualmente resulta ser sobrino de la persona “estafada”, al tiempo que negaba rotundamente que él había usado esos dineros recibidos”.
Pero hay más, según nuestros informes, había recibido la suma de 3 millones 900 mil pesos; pero nos quedamos cortos.
¡Así es, en efecto! Recibió cuatro documentos según se pudo establecer: Un cheque por $3.750.000=, dos de $800.000= cada uno, y otro por solo $200.000=
Este funcionario municipal –al parecer- también tenía problemas de caja y estaba –claro- más urgido que el otro, que era más modesto en sus pedidas; pero “pedidas” al fin y al cabo.
¿Y LA AFECTADA?
Hasta el momento no conocemos el nombre de la empresaria afectada en esta verdadera estafa. Pero ello no es lo más importante, sino lo que se viene.
Lo más seguro que interpondrá una demanda civil, donde pedirá –por lo bajo- que le devuelvan los 5 millones 550 mil pesos que pagó por el Decreto Municipal el que –como ya dijimos- iba con un número inventado y por la firma fotocopiada del ex alcalde suplente Cabrera (alcalde electo en octubre pasado, pero impedido de ejercer por el Caso “Boletas Adulteradas”).
Capaz que éste último personaje también se querelle para limpiar su nombre al ser involucrado en este asunto. ¿Será así?
Esto tendremos que esperar, pues por el caso en que está implicado está tan solo a días (18 de Febrero) de enfrentar el Juicio Oral en el Tribunal de Santa Cruz.
El funcionario municipal Claudio López Romero –miembro de la “escuelita” creada en tiempos del ex alcalde Jorge Vargas- cumplió con su palabra “de colaborar con las investigación todo lo que sea necesario” y con aquello de su confianza en que “la comunidad conocerá la verdad de los hechos”; a tal punto que hoy la opinión pública fue sorprendida con su decisión de declararse culpable en el caso en que estaba involucrado.
Junto con ello, solicitó un Juicio Abreviado que hace tan solo algunas horas concluyó en el tribunal pichilemino, condenándosele a 541 días de pena remitida, a una multa de 11 UTM, y a la firma mensual en la Cárcel de Santa Cruz.
En efecto, tras la audiencia de Control de Detención realizada en el curso de la mañana –luego de su detención por parte de la BRIDEC, en horas de la tarde ayer- y ante los cargos y eminente resolución de medidas cautelares de prisión preventiva mientras terminaba la investigación de la Fiscalía, Claudio López haciendo uso de los nuevos mecanismos de la reforma procesal penal -dando un golpe a la cátedra- se declaró culpable y pidió un juicio abreviado y al parecer a la brevedad, que tal como lo informamos tras recibir el reporte de Radio “Entre Olas” FM, concluyó hace un par de horas.
El Juez titular Rodolfo Moreno Osses atendiendo a las atenuantes de “irreprochable conducta anterior” dictaminó en su resolución condenatoria una pena de 541 días de pena remitida, al pago de una multa de 11 UTM y a la firma mensual en el penal santacruzano. Al tiempo que ordenó se oficiará de la resolución tanto a la Contraloría Regional, al Registro Civil y al municipio pichilemino donde desde los últimos años de Jorge Vargas en la alcaldía, las oficiaba de Jefe de Informaciones, de Gabinete y otras yerbas.
Según se indicó, el hecho de que la pena impuesta fuera ordenada comunicarse al Registro Civil, queda automáticamente impedido de desempeñarse –al menos durante la duración de la pena impuesta- en cargos públicos.
Como dimos a conocer en un anterior artículo esta mañana informando sobre el caso, el funcionario Claudio López aprovechándose de cierta forma de los cargos de confianza en que se desempeñaba, ofició de facilitador para que una empresaria de Entretenciones Mecánicas –que ya había sido concesionaria de un terreno municipal al interior del Bosque Municipal- tenía todo listo “oleado y sacramentado” para trabajar en el mismo lugar la presente temporada. Tan así que disponía de una copia del Decreto Municipal –con número y firma de alcalde incluido- gracias a las gestiones del otrora hombre máximo de una Iglesia Evangélica; pero lamentablemente para él (un cálculo mal hecho) se descubrió todo cuando, tras la Licitación que hizo el municipio para arrendar el terreno indicado, fue adjudicado limpiamente a una persona que ofertó “en sobre cerrado” –de acuerdo a las Bases- la cantidad de 5 millones 500 mil pesos. Y que no fue precisamente la que había pagado “por adelantado” por el mismo terreno.
Y, lógicamente, ésta a través de un representante reclamó –con documentos en mano- de la situación ante el municipio, destapándose una olla más en la víspera de la navidad recién pasada.
Por instrucciones del alcalde suplente Roberto Córdova se pusieron los antecedentes en la Fiscalía, al tiempo que se ordenó un Sumario Administrativo; trámite que –a raíz del vuelco- debería acelerarse, por cuanto ya las cosas estarían “aclaradas” y quien está instruyendo debiera estar próximamente concluyéndolo y proponiendo –en mérito de la investigación- las sanciones correspondientes.
Es evidente que en este caso, donde el único implicado se declaró culpable ante la justicia, que las sanciones “no serán puros childritos” como ha ocurrido en la mayoría de los Sumarios que se instruyen en el municipio pichilemino. O en Investigaciones Sumarias donde quien las instruye, en la mayoría de los casos, no llega a ningún puerto, y la investigación “naufraga” sin ahogados; salvándose todos.
Así ha pasado con falsificaciones de instrumentos públicos municipales, pérdidas de timbres, de cassetes con audio de Sesiones Municipales, con las investigaciones sobre la pérdida de computadores (sin culpables). Y así por el estilo; siendo estas situaciones -en su mayoría- parte de los periodos del ex alcalde Vargas; casos que en más de una ocasión informamos a la opinión pública como a otros organismos para que tomarán parte en el asunto. Por desgracia, en la mayoría de las veces solo con el apoyo de uno o dos concejales –entre ellos el ex concejal Mariano Polanco (Q.E.P.D.)- mientras los demás “no se mojaban el potito”.
Este caso es, también, una secuela de esa “vista gorda, magnánima” hacia los primeros visos de irregularidades en el municipio; pero para ellos (concejales, como también algunos gobernadores como Rolando Cárdenas Ibarra), simples errores, producto de la inexperiencia. Bla, bla, bla, bla.
VOCES DEL OLIMPO
La repentina decisión del único implicado en el caso, al menos el único visible –acaso iluminado por los dioses del Olimpo, o por los sabios consejeros de quienes tienen experiencia en las instancias judiciales- no hace otra cosa que pensar de los “movimientos” y llamadas telefónicas ocurridas en las últimas horas y días ante la inminente acción de la justicia.
Es por estas mismas aprehensiones que surge la pregunta, ¿qué pasa con las investigaciones que estaban en marcha? ¿Se cierra completamente el caso ante la responsabilidad asumida por una persona que horas antes “estaba profundamente afectado por la situación”, donde –según él- había sido involucrado por un amigo de años, que casualmente resulta ser sobrino de la persona “estafada”, al tiempo que negaba rotundamente que él había usado esos dineros recibidos”.
Pero hay más, según nuestros informes, había recibido la suma de 3 millones 900 mil pesos; pero nos quedamos cortos.
¡Así es, en efecto! Recibió cuatro documentos según se pudo establecer: Un cheque por $3.750.000=, dos de $800.000= cada uno, y otro por solo $200.000=
Este funcionario municipal –al parecer- también tenía problemas de caja y estaba –claro- más urgido que el otro, que era más modesto en sus pedidas; pero “pedidas” al fin y al cabo.
¿Y LA AFECTADA?
Hasta el momento no conocemos el nombre de la empresaria afectada en esta verdadera estafa. Pero ello no es lo más importante, sino lo que se viene.
Lo más seguro que interpondrá una demanda civil, donde pedirá –por lo bajo- que le devuelvan los 5 millones 550 mil pesos que pagó por el Decreto Municipal el que –como ya dijimos- iba con un número inventado y por la firma fotocopiada del ex alcalde suplente Cabrera (alcalde electo en octubre pasado, pero impedido de ejercer por el Caso “Boletas Adulteradas”).
Capaz que éste último personaje también se querelle para limpiar su nombre al ser involucrado en este asunto. ¿Será así?
Esto tendremos que esperar, pues por el caso en que está implicado está tan solo a días (18 de Febrero) de enfrentar el Juicio Oral en el Tribunal de Santa Cruz.
