¿QUIÉNES SON REALMENTE LOS RESPONSABLES?
Por Daniel Arellano Walbaum – Contralmirante, Magíster © en Etnopsicología UCV
– ¿Terminará Carabineros entregando el control de las calles a los delincuentes? ¿Será ahora un Coronel o General quien disparará las escopetas?
– Y las autoridades responsables ¿Nada dicen?
– Ayudemos a Carabineros de Chile difundiendo entre quienes pensemos pueden entender esta lógica y exigir a los políticos que nos piden nuestros votos que usen estos mismos argumentos, ya que la prensa no se atreve a publicarlos.
Víctimas de la autoridad
En la noche del 29 al 30 de marzo, como todas las noches, Kathya Rojas tenía perfecto derecho de estar en las afueras de su casa, en el Pasaje Laguna Salada de la comuna de Pudahuel. Por su parte, el Capitán Víctor Ortiz debería haber estado en su hogar, descansando de una agotadora jornada, o cumpliendo un turno de vigilancia para proporcionar, a toda la población, seguridad, tarea que el corresponde a la Institución a la que pertenece, como representantes de la fuerza legítima que dispone el Estado para el resguardo del orden público.
Hoy, Kathya tiene un ojo menos, y el Capitán Ortiz, si de su escopeta salió el balín que provocó la pérdida del cincuenta por ciento de la visión de Kathya, carga con un tormento que difícilmente podrá olvidar, pese a que, no cabe duda, se trató de un accidente.
Investigaciones, procesos, indemnizaciones, lamentaciones y explicaciones, no devolverán a Kathya su ojo, ni borrarán el sentimiento que embarga al autor del infortunado disparo.
El incidente nunca debió ocurrir. Pero ocurrió. Por ello, que es preciso identificar todas las acciones que se debieron haber tomado, con la antelación suficiente, para que Kathya pudiese estar en la noche en el pasaje de su casa, y el Capitán Ortiz descansando o actuando por presencia en el cumplimiento de su deber.
Según se informa en la prensa, esa noche, “la niña salió con su mamá a buscar a su hermano Pablo (16)”. Nuevamente, insistimos, en su perfecto derecho, pero era la noche correspondiente a una jornada de reconocida violencia, que la autoridad, por defecto, entregó a grupos para que se expresaran, que también corresponde a un derecho, siempre y cuando se haga en forma pacífica.
En el mismo contexto anterior, cabe preguntarse porqué su hermano Pablo no estaba en la casa. Supongamos que venía de estudiar, o estar con amistades nada malo hasta ahí, pero también la expresión violenta de la jornada que se vivía, aconsejaba no estar en la vía pública en ese momento (medianoche según la prensa).
En resumen, los miembros de una familia, desarrollando actividades perfectamente normales, quedaron limitados en sus derechos por la acción de violentistas, que generando incidentes, demandaron la intervención de la fuerza pública, en su irrenunciable tarea de resguardar el orden y otorgar seguridad a la población, bien muy superior al derecho de expresión, que en el caso de esa noche, es de reconocida violencia.
Las responsabilidades de este lamentable hecho no deben buscarse sólo en Carabineros. Si bien el personal que actuó en esa jornada utilizó armas de fuego, ello fue en uso de la fuerza legítima que le otorga la ley. La pregunta es porqué se llegó a ello.
La mamá de Kathya ha declarado que “nos haremos asesorar por abogados lo antes posible. Quiero que se haga justicia con mi hija y que el carabinero pague”. Es comprensible el dolor y angustia que le aqueja, pero junto a todas las acciones que crea necesario emprender, debería comenzar por preguntarle al Concejal por quien votó y al Alcalde de su Comuna, que medidas adoptaron para impedir la violencia de esa fatídica jornada, y a este último, que gestiones efectuó ante el Intendente de Santiago, y este a su vez, ante el Ministro del Interior, dos autoridades nombradas por el gobierno y finalmente a la Presidenta. Todos ellos, depositarios, en los niveles que les corresponde, del poder necesario para resguardar el orden público, mediante, insistimos, los representantes de la fuerza legítima de la autoridad: las Fuerzas de Orden y Seguridad.
No estaría demás indagar quien fue el organizador y quien autorizó el acto “artístico cultural”, en donde se difundió el mensaje de dos lautaristas detenidos en Argentina. Ese acto, en su medida, también contribuyó a la violencia posterior.
Los efectos del empleo de la fuerza en resguardo del orden público son responsabilidades políticas y no sólo de quienes cumplen con su deber de resguardarlo, lo que no impide investigar los hechos y los procedimientos empleados. En rigor, la fuerza pública debería actuar por presencia. ¿Mundo ideal? Es posible, pero tan ideal como el mundo de quienes se les permite expresarse mediante la violencia.
Si Carabineros debe hacer uso de armas, es porque su sola presencia ya no es suficiente para contener los desmanes que grupos organizados, o al menos liderados por alguien, desafían a la autoridad, y su deber de resguardar el orden público. Pero, es necesario precisar, Carabineros no es la autoridad; son los representantes y quienes actúan por ella. Su intervención deriva del deber ineludible de quienes, habiendo sido elegidos por votación popular, les corresponde velar y garantizar los derechos consignados en la Carta Fundamental, entre otros, el vivir en paz.
Las Instituciones de Orden y Seguridad son perfectamente capaces de cumplir la función que la Institucionalidad les confiere, y las autoridades elegidas, tienen el deber de proporcionarles los medios y las instrucciones precisas para ello.
No hay acciones ni palabras para Kathya que mitiguen la pérdida de su ojo. Lamentarlo, sentirlo u otra expresión no cambiará su realidad. Si hay un sentimiento de impotencia e injusticia como víctima de un accidente, consecuencia de permisividad y renuncia al empleo oportuno de las medidas legales que dispone la autoridad para resguardar el orden. Sólo es posible y desearía donarle, fortaleza y templanza para sobrellevar su limitación, que le recordará de por vida, la conmemoración del “Día del combatiente”
El sentimiento impotencia e injusticia también es válido para el Capitán Ortiz, sobre quien se hace recaer toda la responsabilidad de este accidente, sabiendo que no es lo correcto. Al igual que para Kathya, sólo es posible expresarle sentimientos de fortaleza y templanza para enfrentar su futuro.
Cuando la autoridad cede espacios de poder, en particular en resguardo del orden público, estos son inmediatamente ocupados por grupos y organizaciones fuera de la ley o contrarios al bien común definido en la Constitución. Este es el caso de los hechos que desafortunadamente marcaron las vidas de Kathya y del Capitán Ortiz, y que los convierte en víctimas de la autoridad.
