CONTROVERSIA ENTRE GOBERNADOR DE CARDENAL CARO Y FISCALÍA REGIONAL

– Se originó por inquietudes ciudadanas manifestadas -a través de un oficio enviado el 29 de Enero pasado- por el Gobernador Julio Ibarra al Fiscal Regional Luis Toledo.

– Lo mismo hizo “pichilemunews” en un artículo publicado a mediados de Enero recién pasado.

19/02/2011. Una enfática respuesta al Fiscal Regional, Luis Toledo, realizó el gobernador provincial de Cardenal Caro, como al Defensor Regional de Rancagua, al referirse –ambos por la prensa- a problemática de Pichilemu, sin que el primero responda oficios de la autoridad provincial al respecto.

Esa situación lleva a preguntarse, ¿Qué queda para un ciudadano común que quiere respuesta basado en la Ley de Transparencia, donde todo funcionario público tiene la obligación de dar respuesta a documentación que se le envía: carta, oficio, etcétera?.

En el caso, queda lo suficientemente claro que el Fiscal Regional no respondió al gobernador sobre las inquietudes expresadas por éste, sin embargo, si lo hizo a través de la prensa. Al menos, no antes de hacerlo por la prensa.

Lo anterior no significa que el Fiscal no pueda referirse públicamente al tema, sino que lo haga antes, de ese modo, y después lo haga oficialmente (a través de una nota escrita), cosa que es probable que ya haya ocurrido a estas alturas.

No obstante, debemos congraciarnos puesto que –antes que la autoridad provincial- “pichilemunews” recogió esas inquietudes ciudadanas de la falta efectiva del Fiscal Titular, Pablo Muñoz, en el lugar para que el fue elegido y designado para cumplir con su tarea. Y debemos agregar, que NO COMPARTIMOS, ABSOLUTAMENTE, EN NINGÚN ÁPICE la justificación del Fiscal Regional, Luis Toledo.

Con ese criterio que está usando que, esperamos no sea el del Fiscal Nacional, Sabas Chahuan, pues de ser así todo el país quedaría sin Fiscales, excepto Santiago, ya que según la tasa de delitos y falta de Fiscales, haría –en ese supuesto- que los trasladaran a todos a la capital del país.

Y esa no es la idea ¿verdad?

Eso de que los Fiscales Suplentes hacen igual la pega, no es tan así. Cumplirán con algunas tareas, pero a la hora de sacarle el traste a la jeringa se disculpan que es el Fiscal Titular el que está llevando el Caso “X” y que ellos no pueden decir o informar respecto a lo que está sucediendo.

Como ciudadanos comunes no tenemos porqué saber el modus operandi de los Fiscales, o de la relación de ellos con las policías ya uniformada (Carabineros) o la Policía Civil (PDI), pero tenemos todo el derecho de preguntarnos cómo es posible que ocurran situaciones “aberrantes” y no haya un trabajo más expedito y lógico, cuando –por ejemplo- sucede que es carabineros y/o la SIP de este policía la que conoce en más profundidad a la población en donde trabajan. Y eso sucede en todas las comunas y/o ciudades en donde no está la Policía de Investigaciones.

¿Quién conoce más a los habitantes de esos lugares, quién tiene más experticia de cómo llegar, de cómo operar más eficazmente, con mejores resultados, de cómo llegar a establecer nexos entre la población y de cómo averiguar quién es quién?.

Esas simples interrogantes y las conclusiones lógicas hacen que un ciudadano común, como nosotros y muchos más, es que nos preguntamos por qué se recurre a quienes, en contrario, no conocen a los habitantes, a la población, a cómo se manejan ciertos personajes.

O acaso no se les ocurre a un Fiscal que es diferente a que llegue un PDI, por ejemplo, a indagar, a preguntar, a visitar a un posible sospechoso, se identifique y logre resultados útiles de buenas a primera.

No dudo a que eventualmente puedan lograrse resultados útiles, pero en ciertos casos es evidente que pueden estar “dando la hora”. Y sean otros quienes tienen mayor información o mejores posibilidades de “atar cabos” con éxito o de llegar a buen puerto.

Tampoco dudo a que ambas policías no puedan intercambiar información y entregarla a quien corresponde; pero es distinto cuando se hace de esa manera y no se les entrega derechamente esa responsabilidad a la SIP en los lugares en que la PDI no tiene personal destacado en forma permanente.

Ahora, si vemos desde la arista “económica”. ¿Cuánto más le significa al Fisco el que –desde Rancagua- tengan que enviar a Pichilemu u otra comuna a “investigar, a realizar una diligencia”, cuando esas mismas acciones las puede ejercer con mayor rapidez la SIP. Y quizás con mayor eficacia, pues también pueden recurrir al LABOCAR que es el organismo especializado de Carabineros para ver todos los aspectos más científicos del caso que se está investigando.

No quiero con estas reflexiones, descartar de plano todo el trabajo de la Policía de Investigaciones; pero en muchos casos es evidente que el accionar de Carabineros ha permitido llegar con mayor prontitud a la solución de emblemáticos casos.

Entonces la población, la comunidad tiene todo el derecho de expresar su inquietud por el accionar de organismos del Estado y de los funcionarios que están por ley para ejercer eficientemente su labor, que están para trabajar, pero bien, con resultados, y que son pagados por todos quienes pagan impuestos.

Dice alguna ley que un Fiscal debe trabajar exclusivamente con la Policiía de Investigaciones y no con Carabineros.

¡No!, pues las recientes reuniones que el propio Fiscal Regional con Carabineros de la región a estado encabezando –en ese caso- no tendrían ningún sentido. Y tal como se ha venido señalando, “las primeras diligencias” que se realizan en el lugar de ocurrencia de un delito son importantes, cruciales, y a ellas llegan –primero- la policía uniformada. De ahí que se estén uniformando procedimientos, de tal forma que se hagan con rigurosidad, con estricto apega a un manual de procedimiento que permitan rescatar elementos, pruebas, que permitan llegar a descubrir, cómo, quién o quiénes son los responsables de su ocurrencia; para luego llegar a determinar el grado de culpabilidad y la justicia proceder a imponer las penas correspondientes.

Veamos, entonces, qué dicen estos actores:
Gobernador de Cardenal Caro responde a opiniones expresadas por fiscal y defensor regionales

Fuente: www.elrancaguino.cl – Por: Daniella Girardi – Fotos: Nico Carrasco

El 28 de enero pasado, el gobernador de Cardenal Caro, Julio Ibarra, le envió un oficio al fiscal regional de O’Higgins, Luis Toledo. Allí, le explicó la preocupación generalizada de las autoridades y habitantes de las comunas de Pichilemu, Litueche, La Estrella y Navidad por la no existencia permanente de un Fiscal Jefe que tenga dedicación exclusiva y cuente con domicilio en la Provincia.

“En la práctica, esto ha significado diversos inconvenientes tanto a víctimas como a imputados al momento de efectuar trámites, diligencias o solicitudes en materia que requiera intervención exclusiva del Ministerio Público y que no pueden ser resueltos por personal auxiliar”, señala el gobernador en el documento.

Ante esto, el fiscal Luis Toledo decidió contestar en un diario local de Pichilemu y aseguró que no se ha descuidado la fiscalía de Pichilemu, sino que existiría un déficit de fiscales en la región por la sobrecarga de trabajo.

Esto fue criticado por el gobernador debido a que Toledo “aún no responde formalmente al oficio, por lo que llama mucho la atención que esgrima opiniones a través de la prensa”.

En el medio, el fiscal dijo que por la falta de equipo, se han adoptado medidas para apoyar a otras fiscalías, lo que explicaría la ausencia en algunos periodos, sin embargo, afirmó que en ningún momento se habría dejado de atender la correspondiente a Pichilemu, “porque en este caso, cuando no está el titular, los abogados asistentes están subrogándolo legalmente, entonces nunca hemos dejado de ejercer las tareas que nos corresponden”.

Sobre ello, Ibarra señala que el fiscal regional “hace una interpretación antojadiza e ilegal del articulo 40 de su ley orgánica 19.640, ya que ésta señala que el abogado asistente subrogará al fiscal cuando él esté impedido para desempeñar su cargo, lo que no está ocurriendo porque el fiscal regional, a pesar de tener el fiscal jefe toda la voluntad de trabajar en la comuna, lo ha destinado regularmente a suplir faltas en otras comunas por vacaciones, licencias medicas y permisos, lo que no se ajusta a una causa legal de impedimento”.

El gobernador también indica que esta situación no sucedía con otros fiscales regionales, ya que “las autoridades anteriores se preocuparon siempre de la Fiscalía de Pichilemu, asignando incluso en temporada estival más profesionales de apoyo, lo que hace pensar que a la nueva Fiscalía Regional no le importa esta provincia”.

Por otra parte, Toledo expresó que en el último año han disminuido la cantidad de denuncias que han ingresado, disminuyendo la victimización y aumentando las sentencias condenatorias. Buenos resultados que, según el fiscal, se habrían logrado por la gestión eficiente y profesional del subrogante.

Sin embargo, el gobernador señala que el hecho de “que la tasa de criminalidad sea baja en la Provincia, no justifica la permanencia parcial de un fiscal, pues como Gobierno queremos fortalecer los servicios estatales y no disminuirlos, ya que se pretende avanzar con el fin de elaborar un plan general de seguridad pública”.

LA RESPUESTA AL DEFENSOR REGIONAL

Por otra parte, el jueves 17 de febrero, en las páginas del diario El Rancagüino, Alberto Ortega, Defensor Regional de O’Higgins se expresó en contra de la acción de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros, quienes detienen vehículos y buses en la entrada de Pichilemu para efectuar controles de identidad y antidrogas.

Según el defensor, esta práctica sería ilegal y abusiva, ya que el artículo 85 del Código Penal señala que los funcionarios policiales deben realizar estos procedimientos sólo en casos fundados, tales como si el ciudadano es parte o testigo de un delito o se disfraza para ocultar su identidad.

Sobre esta opinión, el gobernador de Cardenal Caro, Julio Ibarra, expresa que este operativo busca resguardar a los propios visitantes para que no ingresen drogas y prófugos de la justicia a Pichilemu, pero que a la vez, se cuidan los derechos de los ciudadanos de transitar libremente por el país, por ello, indica que los controles son estrictamente de tránsito.

“De esta forma, esperamos que las cifras que daremos a conocer después de analizar los resultados del trabajo nos den la razón. A la fecha, se han realizado incautaciones, tanto Carabineros como la PDI se han comportado a la altura del profesionalismo que les caracteriza, por lo que esperaría que el defensor regional se concentre en realizar la función que le corresponde y no emitir juicios de los enormes esfuerzos que se están realizando en función de la seguridad pública”, enfatiza el gobernador.