Gobierno busca expulsión de 1.700 delincuentes extranjeros que están tras las rejas
Fuente: La Segunda online
Será un beneficio entregado por única vez a ilegales y personas con visa temporal que cumplan cierto tiempo de condena, y se comprometan a no regresar al país en 10 años.
La salida del país de casi 1.700 extranjeros que se encuentran en las cárceles chilenas y que cumplan una serie de requisitos, propuso el gobierno al Congreso, complementando el proyecto de conmutación de penas con el que pretende reducir el nivel de hacinamiento en los centros penitenciarios.
Actualmente se tramita en la Cámara de Diputados un indulto general a unos 3.700 condenados que aliviará a mujeres privadas de libertad que hayan cumplido determinada pena y a otros que ya cuentan con ciertos beneficios carcelarios. A esta iniciativa, el Ejecutivo ingresó la nueva indicación que apunta a los extranjeros, y que explica el propio ministro de Justicia, Teodoro Ribera , en esta entrevista a «La Segunda», en la cual aborda también sus prioridades legislativas y la relación con el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán.
Suscribirán compromiso de no entrar a Chile en 10 años
Según el secretario de Estado, la idea de esta iniciativa es “permitir que los extranjeros sin residencia definitiva en Chile -ya sea ilegales o con visa temporal-, que estén condenados, en la cárcel y que cumplan ciertos requisitos, sean devueltos a sus países y suscriban un compromiso de no volver a ingresar al nuestro antes de 10 años , pues de otro modo serán detenidos y deberán cumplir la pena restante”.
Desde la óptica del Ejecutivo, la salida de este tipo de personas – muchas de ellas ligadas a actividades de narcotráfico – frenará cualquier intento de ellos por crear redes delictuales en nuestro país.
Además, desocuparán plazas carcelarias que podrían considerarse mal focalizadas, pues estos presos “tienen posibilidades ínfimas de lograr una reinserción en nuestra sociedad, dado que -como lo más probable es que sean expulsados al cumplir todo su castigo- no hay lógica carcelaria enfocada a la reinserción, sino que sólo al tratamiento punitivo. No existe mayor interés por parte de la República de que permanezcan en Chile como extranjeros que han delinquido”, sostuvo Ribera.
De acuerdo con la indicación del Ejecutivo, pueden acceder al beneficio los extranjeros condenados a menos de cinco años que cumplan un tercio de la pena (entre 554 y 618 personas); aquellos sancionados con entre 5 y 10 años que ya purguen la mitad del plazo (entre 682 a 1.054) y tres cuartos del castigo en aquellos sentenciados a sobre 10 años (entre 17 y 145 personas).
“En definitiva, según nuestras estimaciones, estamos hablando de entre 1.235 y algo más de 1.700 extranjeros que podrían abandonar el país. Se trata principalmente de peruanos, bolivianos y colombianos”, planteó, y reforzó: “Esto es voluntario y ellos pueden optar a este beneficio”. Quienes acepten, serán trasladados con cargo al Estado chileno a la principal ciudad de su país de origen más allá de la frontera con Chile.
-¿Qué le dice su olfatímetro político respecto de los plazos para tener aprobada esta ley?
-El proyecto irá a la sala el próximo miércoles para votarse en general en segundo trámite. Ha tenido un apoyo significativo transversal, con algunas resistencias de parlamentarios de la Coalición por el Cambio. Esperamos tenerlo a la brevedad, porque es parte de la idea de bajar el hacinamiento carcelario, reducir la indignidad de los condenados y permitir, asimismo, realizar un trabajo de reinserción social con ellos.
Ribera destacó que en otras naciones hay normas permanentes que contemplan la expulsión: En España, quienes ingresen ilegales y delincan son expulsados de acuerdo al Código Penal; en Argentina también existe una regla semejante para quienes cumplan la mitad de la pena. Y la idea es tener en nuestro país algo parecido, que ya se tramita en el Congreso en el paquete que legisla el sistema de penas alternativas.
Próximo año se licita cárcel en VII Región
-Y hablando de cárceles, a los habitantes de Alhué les dio la buena noticia de que no les instalarán una, pero no dio alternativa ¿Cuán cojo esta el plan penintenciario del Gobierno hoy?
-La ciudadanía quiere que las cárceles se hagan en una isla o en el desierto, lo más alejado de las personas posible. El plan contempla construir tres cárceles y un centro de diagnóstico y distribución. Uno es La Laguna en Panguilemo (VII Región), otro en Alhué y el tercero estaba previsto en la VIII o IX Región.
-Y ahora, en vez de tener claros dos lugares y buscando uno, tenemos dos sin ubicación y sólo uno definido.
-Efectivamente, teníamos un terreno en Alhué que cumplía condiciones de superficie y tenía agua. Al realizar mayores estudios, detectamos las dificultades de desplazamiento hacia el lugar, los riesgos del camino. Pensando en el traslado de funcionarios, condenados y sus familias, evaluamos que si bien podía ser implementado, más temprano que tarde tendríamos una gran presión social para que el Estado asumiera los costos del traslado. Esas variables cambiaban la factibilidad social y económica del proyecto. Por eso preferimos decir derechamente no a Alhué y buscar terrenos en la V, VI, y Región Metropolitana.
-¿Cuánto se atrasa el cronograma? ¿Cuántas “últimas piedras” pondrá este gobierno?
-Nunca se ha pensado que el Presidente Sebastián Piñera inaugurará la última piedra de estas cuatro cárceles, considerando que los períodos presidenciales son de 4 años. Sí pondrá las primeras piedras de las cuatro y -como son proyectos modulares, que se implementarán gradualmente- el Mandatario dará el vamos al funcionamiento de parte de algunos de estos recintos. Esperamos que sea Panguilemo y la que esté más al sur.
-¿Hay algún compromiso de plazo?
-Estamos haciendo el lay out de los proyectos y en conversaciones con el MOP para que el próximo año éste pueda implementar el proceso de licitación de Panguilemo… Estamos contra el tiempo, esa es la vedad, y hay gran resistencia de la población a las cárceles, y lo entendemos. Pero la gente no capta que las nuevas cárceles no serán como uno se las imagina, con grandes torreones, todas amuralladas, sino que serán extendidas, de un piso, en zonas rurales…
“Es muy caro tenerlos presos para que salgan peor de lo que estaban”
-La estrategia del Gobierno ha sido atacar el hacinamiento carcelario con estos recintos y con medidas legislativas. En marzo de 2014, ¿los presos efectivamente tendrán más dignidad?
-En esa fecha, esperamos -en lo que es un cambio fundamental- tener mucho más potenciada a Gendarmería, no sólo orientada al resguardo perimetral y control interno del imputado, sino que también a la política de reinserción de los condenados: No nos interesa que sólo estén privados de libertad, sino que tengan menos tiempo ocioso y estén trabajando o estudiando, para que puedan ser ciudadanos que contribuyan a la República. Luego, estamos trabajando en una ley de penas alternativas, que permitirá un uso más racional de las cárceles, y que ésta sea el último recurso, para evitar el contagio que se produce en ellas, introduciendo sanciones como el trabajo comunitario, seguimiento telemático… El tercer elemento es el plan carcelario.
-¿Todo esto es menos hacinamiento para el 2014?
-Queremos menos hacinamiento y mejorar las tasas de reinserción social… Si por ejemplo logramos reducir ésta, que actualmente se ubica en el 60%, hemos colaborado en disminuir las tasas delictuales. Si a estas personas además de tenerlas privadas de libertad las privamos de su dignidad, estamos haciendo un pésimo negocio: Es muy caro tenerlas presas para que salgan peor de lo que estaban.
Gobierno y Fiscalía: “Deferencia recíproca es sentarse a una mesa e incluso discutir en un tono adecuado”
“Chile necesita probablemente más fiscales para garantizar mayor seguridad”, plantea el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, al consultársele sobre la demanda de fortalecimiento institucional que ha planteado públicamente el mandamás del Ministerio Público (MP), Sabas Chahuán. La última vez que lo hizo fue esta semana, al inaugurar una cumbre internacional de fiscales para analizar la trata de personas.
Y Ribera agrega: “Todos tenemos interés en fortalecer el Ministerio Público y lograr mayores estándares de causas tramitadas, no solamente archivadas. En esta relación con el MP hay una discusión “numérico-financiera”, pero probablemente también hay diferencias conceptuales respecto del rol que juega cada uno de los estamentos del Estado. Pareciera ser que se quiere que el MP por sí y ante sí determine los recursos que requiere y que los poderes colegisladores -que son aquellos en los que recae la soberanía- sancionen eso… En una sociedad democrática los poderes públicos se deben deferencia recíproca para compartir información, generar los verdaderos requerimientos y establecer qué se quiere lograr con este aumento de recursos. Por lo demás, el proyecto debe acompañarse de un informe técnico fundamentado de la Dirección de Presupuestos (Dipres).
-Había una mesa de trabajo entre la Fiscalía y Dipres. ¿En qué está eso?
-Me enteré por «La Segunda» que hubo algún tipo de dificultades, que es necesario limarlas y superarlas… Eso significa ser capaz de fundamentar los datos, explicarlos. El nivel de fluidez del traspaso de información y construcción del informe técnico, lo desconozco.
-¿No está acompañando el proceso?
-No. Yo hice una mediación y abuenamiento para que la Fiscalía Nacional volviera a la mesa técnica, y se volvió. Los técnicos deben debatir datos técnicos, y donde existan diferencias cualitativas siempre hay instancias para tratarlas.
E insiste: “La deferencia recíproca es sentarse a una mesa e incluso discutir en un tono adecuado: El Estado no funciona como exclusas que esgrimen autonomía tal que no tengan que compartir su información”.
-¿Es deferencia plantear este tipo de carencias en un foro internacional?
-Lo escuché. Si bien no creo que haya sido elemento central de su discurso, me sonó raro que fuera parte de él. Pero la deferencia que uno tiene como ministro de Justicia obliga a escuchar y sonreír.
-¿Qué pasa en la relación entre Fiscalía y Ejecutivo: Ha habido dos interlocutores -Bulnes y usted- y no pareciera existir fluidez?
-No diría que no hay relación fluida. Sabas Chahuán es una persona extremadamente cariñosa y amable, en lo personal, pero creo que se ha incrustado al interior del MP una concepción de su autonomía que los lleva a creer que no procede que los poderes colegisladores puedan exigir accountability.
A mi entender, su autonomía es muy profunda en el ejercicio de la acción penal, pero no puede por sí y ante sí resolver materias -como las financieras- que requieren necesariamente la coparticipación de otras instituciones del Estado.
En octubre estaría listo proyecto de reforma civil
El proyecto de ley que dividirá el Servicio Nacional de Menores en dos organismos; la creación de una subsecretaría de Derechos Humanos, fusionar las corporaciones de asistencia judicial y un nuevo Código Procesal Civil son las cuatro materias que pretende a fines de este año o a más tardar el primer semestre del próximo enviar a trámite al Congreso.
-¿Y el nivel de avance que tiene la reforma civil?
-A más tardar el 15 de octubre debemos tenerlo terminado. Ya estamos generando instancias de coordinación prelegislativa con parlamentarios de todas las bancadas, de tal modo que podamos generar los consensos mínimos para generar una tramitación eficiente.
Un código de esta complejidad no puede revisarse artículo por artículo, sino que institución jurídica por institución jurídica. De otro modo podría perder coherencia y sistematicidad.
-¿Vendrá junto con adecuaciones orgánicas?
-El gran desafío de este gobierno es sacar el Código Procesal Civil, para implementarlo a fines de este período o en el próximo. No queremos que la discusión procedimental pueda entramparse por lo orgánico. Además, los estudios demuestran que lo principal será una readecuación de funciones, racionalización de procesos, más que mayores recursos. Estamos trabajando eso sí en los estudios necesarios.
