La jueza Lorena Bruna Machuca, quien no permitió acceso al público «por razones de seguridad», instruyó treinta días de investigación al Ministerio Público, y prohibió a los pescadores —acusados de provocar desórdenes públicos— acercarse a Puente Negro, y también comunicarse o reunirse para manifestarse en la vía pública.
Afuera del tribunal, un grupo de familiares y amigos de los detenidos se manifestaron con pancartas rechazando la detención de los pescadores, que consideraron como injusta.
