La Corporación Acogida de Pichilemu ha sido duramente cuestionada en cuanto a su rigurosidad y profesionalismo en una reciente investigación publicada por el medio Ciper Chile, que se dedica a realizar investigaciones en profundidad sobre temas de interés nacional, en este caso, los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes vulnerados por parte del sistema judicial y organismos del Estado.
Los investigadores de Ciper analizaron casos en que la justicia confió el cuidado de niños a personas acusadas, investigadas o condenadas por delitos como abuso de menores o maltrato infantil. También relata la historia de un menor de edad que fue víctima de abuso sexual en al menos dos ocasiones cuando estaba bajo cuidado del Estado. Ciper investigó estos casos con antecedentes alojados en 14 causas judiciales que involucran a 13 niños. Entre ellos, se incluye el caso de un menor de Pichilemu.
El informe publicado a fines de enero revela en más del 74% de las causas los tribunales no consideran el interés superior del niño al separarlo de su familia y que, además, los informes sicosociales que se tienen en cuenta en la tramitación de estas causas presentan errores y son abordados con poca seriedad por parte de las instituciones que los realizan. Ese es el caso de los informes de diversas causas que involucran a niños abusados o maltratados que están en Programa de Protección Especializada en Maltrato y Abuso Sexual Infantil (PRM) y que son atendidos por la Corporación Acogida ubicada en la avenida Cáhuil, Pichilemu. La corporación Acogida de Pichilemu es uno de los Organismos Colaboradores Acreditados (OCAs) que reciben subvenciones del Estado para apoyar a niñas, niños y adolescentes en cooperación con el servicio Mejor Niñez (ex Sename).
Según la investigación “los documentos de la investigación revelan que la Corporación Acogida ha entregado al sistema judicial informes sobre menores con serias inconsistencias. Por ejemplo, en la causa proteccional de un niño de ocho años, uno de los informes se refiere a él como “la adolescente” y le cambian de nombre. Según explica el periodista Javier Rebolledo, investigador que ha publicado numerosos libros sobre derechos humanos (El Mocito y La Danza de los Cuervos, entre otros) y que hoy realiza una investigación sobre vulneraciones a los derechos de los niños en el sistema judicial, “los errores de los informes que realiza Acogida apuntarían a que los profesionales del centro usan informes antiguos de otros casos y solo les cambian algunos datos, en perjuicio del interés y protección de los menores”. La Corporación Acogida jamás respondió cuando fue requerida por los errores de sus informes.
Rebolledo agrega además que estos errores son comunes en el sistema judicial y de organismos del Estado cuando se trata de causas que involucran la protección de niños y niñas. El año 2022 hubo casi 10 mil imputados por abusos o maltrato, la gran mayoría hombres. Cerca de 6 mil 400 causas fueron archivadas por falta de méritos y la Fiscalía decidió no perseverar, lo que revela una gran falla en el sistema.
Cabe señalar que ya antes esta Corporación de Pichilemu que atiende a niños, niñas y adolescentes sobre los que hay denuncias de haber sido maltratados o abusados sexualmente ha sido cuestionada en su idoneidad debido a que una investigación del 2023 reveló que se usaban los fondos o subsidios del Estados para compras realizadas por sus directivos a empresas de sus propios parientes.
