La descentralización del poder en las regiones chilenas ha sufrido uno de los cambios administrativos más significativos en las últimas décadas. Entre 1976 y 2021, las atribuciones del Gobierno Regional y el Ministerio del Interior recaían en una sola figura: el Ex Intendente Regional de O’Higgins. Sin embargo, con las reformas recientes, las responsabilidades se han dividido entre nuevas autoridades, incluyendo el Gobernador Regional, Delegado Presidencial y, en los próximos días, el nuevo SEREMI de Seguridad.
Con la entrada en vigencia de la Ley 21.730 este 1º de abril de 2025, la seguridad pública, anteriormente bajo el Ministerio del Interior, pasa al recién creado Ministerio de Seguridad y según el artículo 101 de la Constitución las policías dependerán de él. A nivel regional, se crea el cargo de Secretario Regional Ministerial o SEREMI de Seguridad, quien representa al ministerio pero carece de control sobre los presupuestos de la región. Esta limitación plantea interrogantes cruciales: ¿Cómo garantizará la seguridad pública si no puede priorizar recursos o aprobar inversiones esenciales como vehículos o tecnología para las policías?
Es evidente que el nuevo SEREMI podrá coordinar y supervisar a Carabineros y la PDI en la región, sin embargo, serán el Gobernador y el Consejo Regional quienes deberán gestionar los presupuestos y recursos necesarios. Esta división de roles podría convertirse en un cuello de botella administrativo, especialmente si continúan los recortes presupuestarios desde el gobierno central al gobierno regional, que ya bordean los 17 mil millones de pesos.
Ahora, la colaboración entre el Gobernador y el SEREMI de Seguridad será esencial para que el gobierno central invierta de manera efectiva en seguridad y enfrentar la crisis de inseguridad que afecta a las provincias de Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro.
El desafío está claro: Sin una disponibilidad presupuestaria para el Gobierno Regional desde el Ministerio de Hacienda, el objetivo de fortalecer la seguridad pública en la región se quedará en el papel.
Mauricio Donoso Pavez
Director ejecutivo Fundación Pro Ciudadano, ex Consejero Regional de O’Higgins.
